Mejorar la distribución de los recursos del sistema general de participación es lo que propone un proyecto que ya se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara, declaró el senador Antonio Correa, de Opción Ciudadana, uno de los autores de la iniciativa.

El proyecto tiene por objeto fijar mediadas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de las deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad del servicio dentro de los hospitales.

Correa, presidente de la Comisión Séptima del Senado, señaló que el proyecto “busca mejoras en el tema financiero, fundamentalmente en los hospitales públicos del Estado y da unas herramientas con la finalidad de que se dinamicen el flujo de recursos para que lleguen oportunamente y los reorienten a los hospitales”.

Esto con el objetivo de que tengan la suficiencia financiera para pagarle al personal médico. “es una medida oportuna eficaz que busca ayudar a los hospitales públicos, los cuales se encuentran en una crisis hospitalaria”.

Añadió en congresista que hay varias fuentes de financiación uno el fortalecimiento de la línea de crédito del Fosyga, la utilización de las regalías para el pago de la salud, la utilización de unas estampillas como la Prohospital Universitario, y la Prosocial constituida legalmente. “Además de todo esto la utilización de los recursos de oferta y de rentas cedidas que se encuentran en departamentos y distritos”.

Entre tanto el senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe, anotó que “este proyecto de ley fue una concertación entre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la bancada de la Unidad Nacional y la Comisión Séptima. Creo que se avanza en giro directo en el régimen contributivo para no demorarle el giro a los hospitales cuando una EPS le quede mal, que el Fosyga le gire directamente al hospital”.

El congresista dijo que el dinero que llegue a los hospitales se gaste prioritariamente pagándole a los trabajadores de los hospitales, “los créditos laborales se elevan en los hospitales a la primera categoría de los créditos”.

Destacó que cuando vaya ver una intervención de un hospital como Saludcoop para evitar riesgo de politiquería se piense en nombrar como interventor a un buen hospital, a una universidad, a una caja de compensación. “se propone que se avance en los hospitales hacia mejores prácticas administrativas, deberían integrarse los hospitales y además contratar en redes”.

Resaltó que se crea un mecanismo de participación de los trabajadores en los hospitales para garantizar equidad la equidad en la contratación en la remuneración con el objetivo de garantizar sostenibilidad financiera en los hospitales y calidad en los servicios. 

“En esta proyecto de ley que pasa a la Cámara, se le da la competencia de árbitro contable a la superintendencia de Salud, y los recursos que se liberan aquí son para los hospitales”, dijo.

El senador Carlos Enrique Soto, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que el objetivo es que los recursos vayan directamente no a las EPS, sino a la prestación del servicio de salud, “hay varias fuentes, las regalías es una de ellas, las rentas cedidas, que trabajen más en equipo para que se pueda optimizar más los recursos en economía de escala”.

Indicó Soto Lo que es claro es que todos los días se demandan mayores recursos en la prestación de salud y que haya ampliación en la prestación de los servicios.

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, tras considerar que dicha ley debería llamarse Ley Uribe-Gaviria, por el papel preponderante que en su diseño jugaron el senador Uribe y el ministro Gaviria en su calidad de voceros del uribismo y el santismo, señaló que es otro error echarle más plata al hueco negro de las EPS, que el sistema de salud es un árbol que nació torcido y que necesita una operación de alta cirugía y no más paños de agua tibia.

También rechazó y calificó de inconstitucional que plata del Fosyga y del subsidio familiar se use para pagar las deudas de las EPS con las IPS públicas y privadas y dejó constancia de que esta ley no resolverá la grave crisis del sistema, de las IPS públicas y privadas ni los problemas de los trabajadores de la salud.