Ante las detenciones y excesiva fuerza estatal en las protestas “he decidido abrir un examen preliminar”, anunció la fiscal Bensouda. Colombia también está en examen preliminar.
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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de exámenes preliminares por "presuntos crímenes" a raíz de informaciones sobre el uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad del Estado y el empleo "de medios violentos" por parte de manifestantes.
"Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar" sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien también anunció exámenes sobre Filipinas.
En el caso venezolano, desde abril de 2017 "se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato", señala.
"También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", añade en el comunicado.
En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.
"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.
El anuncio de la CPI llega el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas al presidente venezolano, al vicepresidente Tareck el Aissami y a su entorno, y a la petrolera estatal PDVSA, al considerarlos "responsables del agravamiento de la crisis".
La Eurocámara, que aprobó la resolución por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, había pedido este jueves a la fiscalía de la CPI iniciar "investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano".
La Unión Europea aprobó su primer paquete de medidas contra Venezuela en noviembre, con un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna". En enero impuso una prohibición de visados y congelación de activos para siete altos cargos del país.
Segundo examen preliminar
Tras más de dos meses de fracasadas negociaciones entre gobierno y oposición en Santo Domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el miércoles que las próximas elecciones presidenciales, en las que Maduro aspira a la reelección, se celebrarán el 22 de abril.
El adelanto electoral descolocó a la oposición, que aún no decidió si irá a los comicios con candidato de consenso o con varios, o incluso si participará.
El anunciado este jueves será el segundo examen preliminar que lleva a cabo la CPI en Sudamérica, después de otro en curso en Colombia por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto con la antigua guerrilla de las Farc.
La CPI también anunció este jueves que examinará la situación en Filipinas ante los "crímenes presuntamente cometidos [...] en el marco de la campaña denominada de la 'guerra contra las drogas' lanzada por el Gobierno" del país.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, fue elegido presidente en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga. Desde entonces, casi 4.000 presuntos traficantes y usuarios de droga murieron a manos de la policía, y las autoridades investigan también más de 2.000 asesinatos "relacionados con las drogas" cometidos por desconocidos.