El Congreso se apresta a dar la discusión a una reforma integral política, judicial e incluso electoral, todo en uno, que produciría un gran revolcón en esta materia dado el alcance de las propuestas que sobre el particular han presentado varios partidos políticos, la cual estaba pendiente de arrancar a la espera de la llegada del macroproyecto gubernamental, al que denominó de equilibrio de poderes, radicado el pasado miércoles.

A continuación EL NUEVO SIGLO publica un resumen de las diferentes propuestas que se han presentado con sus puntos coincidentes y divergentes.

 

Reelección

El proyecto de equilibrio de poderes presentado por el Gobierno elimina la reelección al establecer que “no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”.

De otra parte, prohíbe la reelección de altos servidores del Estado, es decir, del Contralor General de la República y de los contralores departamentales o municipales, del Procurador General  y del Defensor del Pueblo. Tampoco se podrán reelegir los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

El Movimiento MIRA radicó un proyecto de Acto Legislativo sobre el Consejo Nacional Electoral, uno de sus efectos es prohibir la reelección de los magistrados de este organismo y del Registrador Nacional, quienes solamente podrán cumplir un periodo de cuatro años.

Mientras que el Polo Democrático por medio del representante Germán Navas también presentó un proyecto de Acto Legislativo para prohibir la reelección presidencial. La iniciativa fue acompañada por la Alianza Verde.

De igual forma, el Partido Conservador por intermedio del senador Eduardo Enríquez presentó un proyecto para suprimir la reelección presidencial inmediata. La iniciativa además apunta a  instaurar el periodo presidencial por cinco años.

En tanto que el Partido de La U por intermedio del senador Jimmy Chamorro radicó un proyecto que elimina la reelección y amplía el periodo presidencial a seis años.

 

 

Voto

El sufragio obligatorio es una de las propuestas en la que más coinciden varios partidos políticos. En ese sentido, las bancadas de la Alianza Verde y el Polo Democrático presentaron un proyecto de ley para instaurar el sufragio obligatorio para servidores públicos.

También el Partido Conservador por intermedio de su bancada en la Cámara radicó un proyecto, el cual establece que “el voto es un deber del ciudadano y una función pública, universal y obligatoria”.

Por otra parte, el Partido Centro Democrático en su proyecto de acto legislativo de reforma electoral también incluye la adopción del voto obligatorio.

Mientras que el Partido Conservador por medio del senador Fernando Tamayo presentó un proyecto para ampliar los estímulos a los electores.

En tanto que el Gobierno propuso acabar con el voto preferente, para lo cual establece que “las listas serán cerradas y bloqueadas”.

En esto coincide el Centro Democrático, que también propone la supresión del voto preferente.

 

 

Nominación y nombramiento

El proyecto del Gobierno plantea que el Procurador General será elegido por el Congreso de una terna que presentará el Presidente de la República. Hoy es elegido de una terna integrada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo ayer se oyeron voces en la coalición de la Unidad Nacional que no están de acuerdo con que el Procurador sea ternado por el primer Mandatario. Ante lo cual el ministro del Interior, Juan Cristo, dijo que “el Gobierno tiene una actitud abierta y lista para el debate, hay unos argumentos para que sea así, pero el Congreso debe decidir sobre todos y cada uno de los artículos de la reforma”.

En cuanto a la elección del Contralor General, el proyecto gubernamental elimina  de la Constitución las expresiones de “terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. Sin embargo no especifica quién nominará al funcionario, cuya elección seguirá en manos del Parlamento.

Mientras tanto, el Centro Democrático elimina las facultades electivas y nominadoras de las altas Cortes. Igualmente dice que tanto el Fiscal General como el Procurador General los nombrará el Presidente, el Senado ratificará o vetará su nombramiento.

Por su parte, el Movimiento MIRA propone que los miembros del Consejo Electoral pasen de ser elegidos por el Congreso a ser escogidos por un concurso de méritos a cargo de la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.

 

 

Consejo Nacional Electoral

El Centro Democrático propuso la creacióndel Tribunal Nacional Electoral por considerar que el actual sistema no ofrece las suficientes garantías, lo que significaría la supresión del Consejo Nacional Electoral.

En tanto que MIRA propone quitar a la Registraduría toda función con respecto a los escrutinios, los cuales quedarían, en todos sus niveles, a cargo del Consejo Nacional Electoral.

 

 

Silla Vacía

Ampliar la Silla Vacía a los candidatos de las corporaciones de elección popular que cometan delitos de corrupción relacionados con la administración pública, plantea el Partido de La U por medio de  un proyecto de ley que radicó el senador Mauricio Lizcano.

En igual sentido, la Alianza Social Independiente (ASI) radicó, por intermedio del senador indígena Marco Avirama, el  proyecto de Silla Vacía por corrupción.

Por otra parte, las bancadas del Polo Democrático y la Alianza Verde radicaron en conjunto también un proyecto de ley para castigar con Silla Vacía a los partidos que respalden  a candidatos comprometidos en delitos contra la administración pública.

En este punto también coincide el proyecto de equilibrio de poderes del Gobierno, que amplía los efectos de la Silla Vacía adelitos “contra la administración pública que se hayan cometido con dolo”.

 

 

Facultades Procurador

El Gobierno en su proyecto modifica las facultades del Procurador General estableciendo que no disciplinará a los congresistas. Mientras tanto el Polo Democrático en conjunto con la Alianza Verde  presentaron un proyecto para modificar el ejercicio del control disciplinario en manos del Procurador General, indicando que la destitución y la inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas de funcionarios elegidos por voto popular corresponderá a las autoridades judiciales penales.

El Centro Democrático coincide en su propuesta en que el Procurador no podrá destituir los funcionarios elegidos por votación popular.

 

 

Tribunal de aforados

El Gobierno pide crear un tribunal de aforados reduciendo las competencias de la Cámara que hoy cumple a través de la Comisión de Investigación y Acusación, el cual se ocupará de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Procurador General, del Contralor General y del Fiscal General.

El Centro Democrático coincide en la creación de tribunal de aforados fuera del Congreso (lo denomina Tribunal para la Alta Magistratura). Sin embargo preserva las facultades judiciales del Parlamento exclusivamente para juzgar al Presidente.

Además esta colectividad propone la segunda instancia para todos los aforados. El Tribunal Supremo Constitucional (que agrupará las funciones que tienen las altas Cortes) juzgará a los congresistas y demás aforados en primera instancia y a su turno el Tribunal para la Alta Magistratura juzgará a magistrados del Tribunal Supremo y Fiscal General en primera instancia. 

El Consejo de Estado juzgará a todos los aforados constitucionales en segunda y última instancia. Se exceptúan el Fiscal General – juzgado en segunda por el Tribunal Supremo- y el Presidente de la República – mantiene su fuero en el Congreso.

 

Cortes

El Ejecutivo plantea elevar a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados, así como incrementar de 10 a 20 años la experiencia  en el desarrollo del derecho a quien quiera llegar a las altas Cortes.

El Centro Democrático coincide con la propuesta del Gobierno en estos dos aspectos.

En tanto que el Gobierno propone combatir la llamada puerta giratoria. Los servidores públicos no podrán “nombrar o postular” como empleados “a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas vinculadas con estas por los mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo artículo”.

Igualmente, el Gobierno plantea la cooptación pura en las altas Cortes al señalar que los magistrados sean “elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas  partes de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación”.

 

 

Consejo de la Judicatura

El Gobierno pide suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y en su reemplazo crear el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.

El Partido Centro Democrático coincide en la eliminación  del Consejo de la Judicatura, reemplazándolo por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

Mientras que el Centro Democrático pide también la creación del  Tribunal Supremo Constitucional, que agrupará las funciones de las tres grandes Cortes. Será el máximo tribunal pero subsistirán las salas especializadas en lo ordinario, lo contencioso y lo constitucional.

 

 

Congreso

El Gobierno pide revivir el Senado regional, para lo cual propone que  las curules actuales se distribuirán en 89 cubiertas por circunscripción nacional, 11 ocupadas por “un senador por cada uno de los departamentos con menos de 500.000 habitantes (que actualmente serían Amazonas, Caquetá, Putumayo, Chocó, Vichada, Guainía, San Andrés, Arauca, Casanare, Guaviare y Vaupés) y 2 “senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”.

Además, el Ejecutivo plantea la creación de una curul adicional en el Senado para el candidato que haya ocupado el segundo lugar en la elección presidencial.

También el Gobierno pide eliminar la inhabilidad para que los congresistas puedan ser ministros.

Por su parte, el Centro Democrático propone modificar la composición de la Cámara, señalando que habrá tres representantes por cada departamento más las circunscripciones especiales.