4 capturas por captación ilegal de libranzas | El Nuevo Siglo
Foto Fiscalía
Lunes, 9 de Abril de 2018
Redacción Web
Delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

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Cuatro personas fueron objeto de las primeras órdenes de capturas en el caso del esquema de captación ilegal de recursos de libranzas montado por la firma Elite International Américas S.A.S., detenciones que produjeron este lunes, anunció la Fiscalía.

De acuerdo con la información divulgada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, los operativos se desarrollaron en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que Elite se constituyó en mayo de 2011 y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.

Mediante auto del 9 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operación, al considerar que la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos. En esa decisión se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en 440.574.553.490 pesos.

De manera paralela, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una captación aun mayor, que superaría el billón de pesos.

Defraudación con pagarés de libranzas

Las evidencias recogidas por la Fiscalía evidenciaron la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite, entre ellas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas, modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera. Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.

Además, la Fiscalía encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de estas cooperativas y/o sociedades comerciales, y otros comercializadores. Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades:

-Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación (Coovenal).
-Inversiones Alejandro Jimenez A.J. S.A.S.
-Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana (Coomuncol).
-Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social (Redescoop, hoy Sigescoop).
-Credimed del Caribe S.A.S.
-Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidación (Coocrediangulo).
-Cooperativa Mundocrédito (Coomundocrédito).
-Mundocrédito Servicios S.A.S.
-Casaeymacag S.A.S.
-Cooperativa Multiactiva de Suba (Coopsuba).
-Alianzas Efectivas.
-Crediasesoramos Créditos Y Asesorías Profesionales S.A.S. (Crediasesoramos).

La mayoría de estos operadores estarían aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociación entre los operadores y Elite: el 87,43 por ciento eran controlados por Ana Milena Aguirre (capturada); el 3,72 por ciento por Diomedes Angulo; y el 8,85 por ciento correspondía a otras entidades como Alianzas Efectivas.

Asimismo, se evidenció que existieron operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares.

De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos 5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados.

De igual forma, Elite habría desviado por lo menos 16.000 millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional. Así, por ejemplo, celebró contratos innominados de colaboración con las sociedades Afecafé S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los directivos de Elite y a sus compañeras sentimentales. También celebraba contratos de cuentas en participación, entre los cuales se destaca uno celebrado entre Elite y Francisco Javier Odriozola, otro directivo de Elite.

Capturas

Como consecuencia del material recopilado por la Fiscalía, fueron capturadas las siguientes personas:

José Alejandro Navas: socio fundador, miembro principal de la junta directiva y representante legal de la sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas. Accionista y miembro suplente de la Junta Directiva de Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.

Marino Constantino Salgado: socio fundador, miembro principal de la junta directiva, representante legal suplente y vicepresidente de Riesgo de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas Representante legal de la sociedad Afecafé S.A.S. 

Jorge Enrique Navas: accionista, miembro suplente de la junta directiva, representante legal tercer suplente y vicepresidente financiero de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Miembro principal de la junta directiva y subgerente de la sociedad Alianzas Efectivas. Hermano del señor José Alejandro Navas.

Ana Milena Aguirre: asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa. Asociada Inicial y Representante legal de la Cooperativa de Créditos Medina. Accionista y representante legal de Credimed del Caribe S.A.S.

Igualmente, se solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola, quien actualmente se encuentra fuera del país, por lo cual se solicitará a las distintas autoridades internacionales su ubicación mediante circular azul de Interpol.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputará, según su participación en las conductas, los delitos de:

Concierto para delinquir
Falsedad en documento privado
Estafa agravada continuada
Captación masiva y habitual de dinero
Negativa de reintegro
Enriquecimiento Ilícito de particulares
Lavado de Activos

Compulsa de copias

Por último, se destaca que, entre la información recopilada por la Fiscalía, aparecen elementos materiales probatorios que involucran al exrepresentante por el Magdalena, Roberto José Herrera, del partido Alas (hoy Somos), por ello, y en atención a que para la fecha de los hechos Herrera se desempeñaba como congresista, se hará la respectiva compulsa de copias a la Sala Penal Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones del caso.

Herrera fue elegido para el periodo 2010-2014 con 21.920 votos, pero como Alas perdió la personería jurídica el entonces congresista ingresó a la bancada conservadora y como tal hizo parte de la Comisión Cuarta. En 2017 Alas recuperó su personería y se transformó en el partido Somos.

Según la Superintendencia de Sociedades, Herrera, barranquillero pero criado en Pivijai donde es conocido como el ‘loco’, controlaba por lo menos siete de las más reconocidas cooperativas y operadoras de la costa Caribe, con las que otorgaba créditos de libranza a empleados de gobernaciones y alcaldías, pensionados y miembros de las Fuerzas Militares en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Sincelejo, entre otras.

De esta manera, con los procesos adelantados por la Dirección de Investigaciones Financieras de la Fiscalía en los casos Estraval y Elite, se han impactado esquemas de captación ilegal de recursos mediante la indebida comercialización de pagarés libranzas por más de 2,3 billones de pesos, que representan defraudaciones a los inversionistas por más de un billón de pesos.