La Corte Suprema de Justicia absolvió a los exgobernadores del Magdalena, Francisco José Infante Vergara y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, de los cargos que se les habían formulado por la celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales.
Ambos exfuncionarios fueron investigados por presuntas irregularidades en el contrato para la “construcción y rehabilitación de distritos de pequeña y gran irrigación”, en el que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) destinó $6.800 millones.
El contrato de obra en cuestión, identificado como el número 252, fue firmado el 14 de diciembre de 2006 entre el entonces gobernador Trino Luna Correa y la Unión Temporal Estructuras Especiales, por un valor de $399.602.446 y un plazo de seis meses. Sin embargo, según el fallo de la Corte, no existieron estudios de conveniencia y oportunidad ni diseños específicos para la obra, lo que resultó en la primera de varias irregularidades.
La Corte explicó que el contrato sufrió dos adiciones: una por $104.563.797, aprobada por Francisco Infante cuando asumió la gobernación de manera provisional, y otra por $94.429.249, aprobada por Omar Díazgranados una vez fue electo gobernador. Entre las obras incluidas estaba la construcción de un puente sobre el río Tucurinca, que conecta los municipios de Aracataca y Zona Bananera, en el Magdalena.
El informe de la policía judicial que acompañó la investigación señaló que la obra no cumplió con sus objetivos, ya que no se incluyeron rampas de acceso, lo que impidió su uso por parte de la comunidad.
La investigación, iniciada en julio de 2012, apuntaba a que Infante fue responsable de la construcción de pilotes no incluidos en el proyecto original, omitiendo los accesos esenciales al puente. Por su parte, a Díazgranados se le acusó de vulnerar los principios de planeación, economía y responsabilidad en la celebración del contrato.
Sin embargo, después de revisar el caso, la Corte Suprema concluyó que los exgobernadores no eran responsables directos de los problemas derivados de las irregularidades en la construcción. El tribunal determinó que las modificaciones que dieron lugar a las adiciones contractuales fueron decisiones de planeación y no atribuibles a los exfuncionarios.
El fallo detalla que “la Corte encuentra que los hechos generadores de la no terminación del puente derivaron en una absoluta ausencia de planeación en la etapa precontractual, no imputable a Infante Vergara y menos aún a Díazgranados Velásquez”. Además, se señaló que de haberse realizado estudios hídricos, de suelos y meteorológicos, se habrían identificado las necesidades de pilotes y accesos.
Cabe recordar que el exgobernador Trino Luna Correa confesó ante la JEP que el contrato del puente Tucurinca fue parte de una alianza entre funcionarios del Incoder y las Autodefensas, quienes se beneficiaron con hasta el 10% de los recursos destinados a la obra.
A pesar de esta absolución, tanto Infante como Díazgranados enfrentan otros procesos judiciales por irregularidades en sus mandatos. Por ejemplo, Infante fue condenado en noviembre de 2024 a 15 años de prisión por la apropiación de recursos de un contrato para pruebas de VIH. Asimismo, Díazgranados afronta un proceso por la pérdida de $2.610 millones del erario público, derivada de un contrato de servicios para colegios.