Fue admitida la demanda de nulidad interpuesta por María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático contra la directriz emitida por la Fiscalía General de la Nación, que establece nuevas normas para el manejo de protestas sociales.
“Admitir la demanda presentada por María Fernanda Cabal Molina, en ejercicio del medio de control de nulidad en contra de la Directiva 0001 del 10 de septiembre de 2024 expedida por la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el documento.
En otras palabras, se procederá a un análisis más profundo sobre su validez y las implicaciones legales de la directriz.
¿Qué argumenta la demanda de nulidad?
Cabal criticó que la normativa, al buscar proteger el derecho a la protesta pacífica, podría llevar a una tolerancia excesiva frente a actos violentos, lo que ella considera peligroso. Además, argumentó que esta medida altera la interpretación del Código Penal y socava las funciones constitucionales de la Fiscalía, al permitir que esta última legisle sobre temas que deberían ser competencia del Congreso.
La acción legal busca cuestionar la interpretación y aplicación de la directriz, argumentando que debilita la capacidad del Estado para manejar situaciones de protesta. Para la senadora, “Esto es tan grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”.
Qué dice la Directriz 0001 del 10 de septiembre de 2024
En un documento de 25 páginas, se establece un marco para el manejo de protestas sociales pacíficas y busca garantizar el derecho a la protesta mientras se aborda la comisión de delitos.
La directriz enfatiza que la protesta social pacífica debe ser protegida y no debe ser criminalizada. Sin embargo, aclara que cualquier conducta que constituya un delito debe ser judicializada. Se reitera que las intervenciones de la Fiscalía deben alinearse con principios legales, actuando sin prejuicios y evitando discriminaciones contra los manifestantes.
Además, los fiscales están instruidos para investigar actos delictivos sin relacionarlos automáticamente con la protesta. Se debe individualizar la acción delictiva y no confundirla con el derecho a protestar.