CARLOS HERÁN Rodríguez, contralor general, hizo fuertes críticas sobre la implementación del acuerdo de paz y señaló que el proceso se encuentra muy rezagado tras ocho años de la firma sobre el acuerdo final. En ese sentido, el funcionario manifestó que “la implementación del Acuerdo Final de Paz va rezagada en términos de resultados, gestión y en recursos. El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”, concluyó.
Así mismo, el jefe del organismo de control presentó un completo balance sobre la utilización de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz que se firmó el 24 de noviembre de 2016, una de las principales conclusiones de este balance es que, pese a la asignación de recursos para la implementación del Acuerdo, en especial para el Punto 1 (Reforma Rural Integral).
“Hoy, a ocho años de la firma del Acuerdo Final, nuestro compromiso desde la Contraloría General de la República es velar por la transparencia y la eficacia en la utilización de los recursos destinados en su implementación, no obstante, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esto debido a una ejecución desarticulada que compromete la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos”.
Para la Contraloría General, aspectos relacionados con la inversión de recursos y la falta de atención a las víctimas hacen parte de las falencias más graves que tiene el proceso, desde 2018 hasta el primer semestre de 2024, se han detectado 511 hallazgos administrativos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141.000 millones de pesos; 262 hallazgos con presunta connotación disciplinaria, 10 con presunta incidencia penal y 16 para trámite de indagación preliminar. En cuanto a la Política de Víctimas, entre 2023 y 2024, se realizaron 8 auditorías con hallazgos de connotación: 183 administrativos; 37 con incidencia fiscal y un posible detrimento patrimonial por $27.767 millones, 133 con connotación disciplinaria y 4 con incidencia penal.
Frente a esta situación, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, explicó cómo se viene realizando la implementación del acuerdo desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que los avances durante la administración de Iván Duque no fueron muy significativos en los primeros cuatro años de implementación.
“El gobierno de Gustavo Petro, ha entendido que la implementación cabal y efectiva del Acuerdo de Paz es un elemento fundamental para los esfuerzos de paz en Colombia. Se están haciendo ajustes a la agenda legislativa que permita llegar a la implementación total”.
Posteriormente, el ministro manifestó que “no hay intervención militar que valga para construir paz, sino transformamos esos territorios que están en medio del conflicto de manera urgente y efectiva. Desde este Gobierno queremos decir: estamos firmes con el Acuerdo de Paz”.