Documentación incompleta, estados de cuenta confusos y presuntos malos manejos administrativos son, entre otras, las inconsistencias reportadas por la UAESP al equipo de la Procuraduría en visita hecha al Cementerio Central de Bogotá.
Allí los funcionarios del Ministerio Público, encabezados por los delegados Samuel Arrieta y John Harvey Pinzón, evidenciaron la crítica situación de las instalaciones físicas y operativas en las que se encuentran los cementerios distritales, como la de los mausoleos de los expresidentes, con empozamientos y graves deterioros de columnas y techos.
La visita fue motivada luego que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP- asumiera desde el pasado mes de enero la operación y funcionamiento administrativo de los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín a raíz de la terminación unilateral del contrato con el antiguo operador por múltiples quejas en la prestación del servicio.
El procurador Arrieta, delegado Segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señaló que se presentó una situación “de desgreño por parte del anterior operador por lo que, ahora se hará especial vigilancia para que, la nueva adjudicación que se haga sea objetiva y el nuevo administrador preste a la ciudad los servicios de inhumación, exhumación y cremación con las condiciones técnicas y ambientales requeridas”.
Durante el recorrido también se pudo constatar, el deterioro de adoquines y columnas amarradas con palos lo que "representa un inminente riesgo de colapso de algunas de las bóvedas" recalcó John Harvey Pinzón, delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial.
Las labores asumidas por la UAESP ejecutan trabajos de restauración y mantenimiento y poco a poco tratan de mejorar las condiciones para recuperar la operación de los servicios que prestan los cementerios distritales.
Al final, la comisión del ente de control advirtió que evaluará la información recopilada para determinar las acciones preventivas de seguimiento y urgió a las autoridades distritales aunar esfuerzos para garantizar la prestación de un servicio de calidad para la comunidad.