La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) asumió la operación de los cementerios distritales que estaban siendo administrados por el concesionario Jardines Luz y Paz. Ante este hecho, la Procuraduría General, en el marco de la misionalidad preventiva, solicitó a la entidad informar las condiciones de la retoma, las medidas adoptadas para evitar traumatismos en la prestación de los servicios, el avance del plan de contingencia acogido y la capacidad de la UAESP para asumir esta operación.
Sumado a esto, la UAESP deberá entregar un detallado informe sobre la posible existencia de represamientos de los servicios de inhumación, exhumación o cremación de cadáveres, así como la disponibilidad de osarios, bóvedas y cenizarios en los cementerios Norte, Central, Sur y Serafín de Bogotá.
De otro lado, la Procuraduría pidió explicaciones a las directivas de la UAESP, sobre los avances en la planeación y estructuración del proceso de selección y contratación del nuevo operador.
Finalmente, las procuradurías delegadas Segunda para la Vigilancia de la Función Pública y Para la Gestión y Gobernanza Territorial, velando por los intereses de los ciudadanos, mantendrán especial vigilancia sobre esta situación y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la UAESP.
Líos en cementerios distritales:
Tras la finalización unilateral del contrato con el concesionario, Jardines de Luz y Paz, debido a múltiples incumplimientos que afectaron gravemente la operación de los cementerios distritales en Bogotá (Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio del Sur y Parque Cementerio Serafín), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), asumió la operación. Según alertó la entidad, el consorcio incurrió en cinco violaciones a la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública. Cuatro de estas infracciones ocurrieron durante la administración anterior, y una más se registró en el año 2024.
Entre los principales problemas se destacaron incumplimientos financieros y operativos. La UAESP recibió más de 86 quejas relacionadas con irregularidades financieras, jurídicas y sanitarias desde el inicio del contrato en 2021. Además, en febrero de 2023, se impuso una multa cercana a $2.300 millones al concesionario debido a fallas graves en la prestación de servicios funerarios. Estas deficiencias se agravaron por la alta demanda y la ocupación casi total de las bóvedas, lo que generó una crisis operativa que llevó al cierre temporal de los cementerios distritales.
Ante esta situación crítica, la UAESP tomó la decisión de asumir directamente la administración de los cementerios mientras implementa un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio funerario