En sus primeras horas al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo señaló otro posible caso de corrupción, esta vez vinculado con la contratación de maquinaria amarilla, sumándose a una serie de irregularidades previas, incluida la compra de 40 carrotanques durante la gestión anterior de Olmedo López.  

Carrillo, quien asumió recientemente como director de la UNGRD, mientras resalta una serie de preocupaciones sobre la gestión interna de la entidad. Entre ellas, se destacan las demoras injustificadas en los pagos a proveedores y contratistas, así como la falta de transparencia y eficiencia en la administración de la maquinaria amarilla, junto con la posible presencia de sobrecostos en las contrataciones.

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Según sus declaraciones, expresó su inquietud respecto a la ejecución de las contrataciones de maquinaria amarilla, señalando que es necesario asegurar que los recursos invertidos sean utilizados de manera adecuada y efectiva. Carrillo ha anunciado que tomará medidas concretas para abordar estas preocupaciones y salvaguardar los intereses de la entidad y de la sociedad en general.

Una de las acciones inmediatas que Carrillo anunció es la solicitud de renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, aproximadamente entre 14 y 15 personas. Esta medida, aunque rutinaria en el cambio de administración, se plantea como un primer paso hacia una revisión más profunda de la estructura interna de la UNGRD.

Además, el nuevo director ha manifestado su disposición para colaborar estrechamente con organismos de control, la Fiscalía y los medios de comunicación, con el objetivo de investigar y exponer cualquier acto de corrupción detectado dentro de la entidad. Carrillo ha hecho hincapié en la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión del riesgo más enfocado en la prevención y en el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

Este señalamiento de posibles casos de corrupción en la UNGRD resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las instituciones gubernamentales, así como de promover una cultura de integridad y transparencia en la gestión pública. La ciudadanía y los órganos de control deben mantener una vigilancia constante sobre el uso de los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, garantizando que se utilicen de manera responsable y en beneficio de la comunidad.