EL PRESIDENTE de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, denunció irregularidades en el Fondo de la Unidad para las Víctimas en la que congresistas estarían usando terrenos para entregarlos a clanes políticos. De acuerdo con el funcionario, los casos se estarían presentando en Antioquia, Sucre, Córdoba, César y Bolívar con por lo menos, 100.000 hectáreas de tierra que deben ser dirigidas para la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Harman puntualizó que son 67 predios los que se encuentran en el centro de estas transacciones, además de afirmar que estos serían apenas la punta del iceberg, ya que habría más tierras en conflicto. Según esta denuncia, las autoridades de los departamentos estarían dilatando los procesos de entrega de las tierras a las víctimas, puesto que a través de actores armados estos terminaron en manos de clanes políticos y congresistas, a pesar de ser tierras en disputas judiciales que ya fueron designadas al FRV.

La ANT señala que los predios pertenecían a exmiembros de grupos paramilitares, quienes entregaron los predios a la entidad para lograr la reparación a las víctimas. Sin embargo, estas estarían siendo ocupadas por actores políticos, familiares de los mismos o terceros a través de contratos de arrendamiento. “Como resultado de la adquisición de estas tierras por parte de la agencia, se han encontrado ocupaciones indebidas y contratos de arrendamiento con personas cuestionadas, los cuales se han venido finalizando para entregar las tierras a familias campesinas”, dijo el funcionario en la denuncia.

Dentro de los presuntos beneficiados, Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista en Córdoba, tendría los predios entregados por alías ‘Macaco’, ‘Cuco Vanoy’ y ‘Nico’. Gutiérrez fue en su momento señalado por Salvatore Mancuso como aliado de las fuerzas paramilitares, además de “ser responsable de la masacre de La Mejor Esquina, en 1988. Asimismo, el señalado también sería vinculado como pareja sentimental de la representante a la Cámara Ana Paola García del Partido de la U.

Otro funcionario señalado del mismo municipio sería David Jorge Márquez, concejal, quien también ocuparía uno de los terrenos entregados por los ex AUC mencionados.

En César, el exparamilitar Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, conocido como Comandante Barbie tendría en su posesión terrenos en Chimichagua a través de un familiar, a pesar de haber entregado en el pasado el predio La América para reparación de las víctimas. Asimismo, tendría en su poder otros dos predios baldíos que sumarían 83 hectáreas a través de Inversiones Rodríguez Fuentes.

Asimismo, Charif El Hadaui Hernández fue señalado como arrendatario de tierras en Antioquia; la comercializadora de carne K-Supply Group SAS también estaría inmersa en irregularidades por concesión de tierras en el mismo departamento a un arrendatario sin la capacidad para contratar; en Meta, Kimberlly Annette Carranza, hija del esmeraldero Víctor Carranza, tendría posesión de lotes baldíos que habría dejado su padre y que desde 2014 estarían en proceso de recuperación por parte de la ANT.

Pacto Histórico señala congresistas

En el marco de la misma denuncia, la senadora Isabel Cristina Zuleta señaló que múltiples cabildantes que ejercen en el Congreso también estarían beneficiados en este “cartel de la tierra”. En sus redes sociales Zuleta afirmó que “un informe escandaloso que demuestra cómo usurparon la tierra en Colombia. Por primera vez la Agencia Nacional de Tierras tomó las riendas sobre la esperada verdad y recuperación de la tierra”.

Asimismo, la congresista perteneciente al Pacto Histórico dijo que parte de las críticas de los nombramientos a exmiembros paramilitares estaría relacionado a los señalamientos que hace la ANT, puesto que podrían divulgar quiénes tienen las tierras entregadas para la reparación de las víctimas.

Por su parte, el senador Carlos Alberto Benavides apuntó a que esta revelación de la ANT es clave para el avance y la formalización de la Jurisdicción Agraria, ya que esta permitiría definir la situación de miles de hectáreas ocupadas de manera ilegal y que serían destinadas para la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Tras la denuncia, el ente y los congresistas afirmaron la creación de una mesa de trabajo coordinada con la Fiscalía que permitirá identificar los predios entregados por los exparamilitares, y las denuncias de los mismos, además de sus manejos y ocupantes hasta la fecha.