No solo se trata de aumentar la edad de jubilación, hay que terminar con beneficios, señalan
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Las cartas están sobre la mesa, es urgente que el país entre de lleno en el debate de la reforma al sistema pensional. Desde hace varios meses analistas han venido pregonando sobre la urgencia de tomar decisiones en este tema a raíz del alto gasto que representa para el Estado el pago de las mesadas a los jubilados del Régimen de Prima Media, RPM.
El diagnóstico dado a conocer por la Comisión de Gasto y la Inversión Pública, indica que el sistema pensional colombiano presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones resulta fuertemente regresivo en términos de la distribución del ingreso entre los colombianos y alarmantemente costoso en términos fiscales. Más de una cuarta parte de los impuestos pagados por los colombianos al Gobierno Nacional se destina a pagar faltantes para el pago de las pensiones.
Ante esta situación los centros de estudios económicos, gremios y voceros de los sindicatos han dado sus opiniones sobre lo que debe ser la reforma pensional que el país necesita y que ya es tarea del próximo Gobierno que arranca en agosto.
Para los analistas es fundamental que los candidatos a la Presidencia presenten propuestas sobre el tema, pues son ellos, quienes van a tener que discutir en su mandato un tema tan espinoso como el pensional.
Cerca de dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales que todavía rigen, maestros y militares y policías, así como al pago de pensiones en los regímenes que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas, Fopep, no tiene respaldo suficiente. El desbalance entre cotizaciones y beneficios también es cuantioso en el RPM del Sistema General de Pensiones, administrado antes por el ISS y ahora por Colpensiones, el cual estará en 1,5% del PIB en 2017.
Baja cobertura
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Colombia se ha caracterizado por sus bajos niveles de cobertura pensional, llegando a niveles de 27% actualmente, menos de la mitad del 64% de la cobertura promedio observada en América Latina.
Ello obedece principalmente a los altos niveles de informalidad laboral en el país, los cuales son atribuibles a el elevado Salario Mínimo Legal relativo a patrones internacionales, el cual tiene una alta incidencia en la estructura salarial; y los altos costos no salariales, promediando niveles efectivos del 48% del valor de la nómina.
Esta baja cobertura pensional requiere de reformas estructurales encaminadas a mejorar la formalidad laboral. Para ello se requiere flexibilizar el mercado laboral, ahondando sobre lo alcanzado en la Ley 1607 de 2012 en materia de parafiscalidad.
El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, ha propuesto marchitar el RPM pues estos sistemas a nivel mundial han mostrado su incapacidad para acoplarse a los drásticos cambios demográficos, los cuales indican que la gente tendrá que ahorrar más en su vida productiva para enfrentar una vejez más longeva.
La propuesta consistiría en prohibir que nuevos trabajadores puedan afiliarse a dicho régimen. Ahora bien, se honrarían los compromisos adquiridos con los pensionados vigentes y habría un período de transición en el cual los actuales afiliados al Régimen de Ahorro Individual podrían decidir si quieren trasladarse al RPM.
Según el centro de estudios económicos hay que realizar una serie de ajustes paramétricos al RPM, como elevar la edad de pensión en 5 años y reduciendo las tasas de reemplazo en 20 puntos porcentuales, entre otros.
Bajo estos nuevos criterios más equitativos y llevando la cobertura pensional hacia el 64%, se lograría reducir el Valor Presente Neto, VPN, de las obligaciones pensionales en cerca de un 30% del PIB en el horizonte 2020-2050.
El presidente de ANIF, Sergio Clavijo que en esta época electoral corresponde a los candidatos a la Presidencia hacer propuestas claras sobre este tema, que lleve a una mayor flexibilización laboral.
Dijo que el Gobierno ha reconocido que hay un problema de regresividad en Colpensiones, es decir que el grueso de los subsidios se va en los estratos altos y solo uno de cada cuatro colombianos recibe la pensión.
“Hoy hay 5 millones de personas mayores de 60 años de los cuales solo 2,5 millones recibe pensión, a la vuelta de 25 años habrá 15 millones de personas en edad de pensión, es una ‘bomba social’, por lo que hay que moverse rápidamente, porque este tipo de asuntos toma entre cinco y diez años en ponerse en marcha”.
La formalización del mercado laboral y la generación de más trabajo formal constituyen el mecanismo más eficaz para incrementar las cotizaciones y la cobertura del Sistema General de Pensiones.
Por pilares
El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario contempla otros elementos en su propuesta para debatir el sistema actual de pensiones, uno de ellos es el de Los Pilares, que no genera competencia, requiere que el Gobierno profundice las políticas de formalización laboral, con el fin de que los ciudadanos puedan construir sus derechos pensionales y contribuyan con sus cotizaciones a la viabilidad financiera del sistema.
Según Iván Daniel Jaramillo, profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Jurisprudencia e Investigador del Observatorio de la Universidad del Rosario sostiene que lograr una formalización del trabajo permite además descartar la sustitución del Sistema de Seguridad Social por un modelo asistencial a través de los programas asistenciales BEPS y Colombia Mayor, que incentivan la informalidad y no proveen una pensión digna a las personas.
“Así las cosas, agrega el investigador, las prestaciones asistenciales deben tener como características principales: establecer subsidios que no tengan el efecto de desincentivar la afiliación al Sistema General de Pensiones; amparar a las personas en situación de debilidad económica en cuanto a sus ingresos; prever edades de cobertura adecuadas a la vejez y difícil acceso a la contratación laboral; crear sistemas de selección objetivos que garanticen la correcta elegibilidad y se extiendan a todos los posibles beneficiarios y corresponder a un monto que permita la satisfacción de necesidades básicas y de esa manera no imponga la necesidad de buscar ingresos adicionales normalmente en la informalidad”.
El sistema de pilares requiere un ingrediente adicional: que haya información exacta, completa, actualizada, comprobable y comprensible para la gente, con el fin de que no se induzca a error y se puedan tomar decisiones correctas. Actualmente, una gran cantidad de pensiones se pierde por malas decisiones.
El modelo de pilares está integrado por un sistema asistencial que otorga beneficios a quienes no cuentan con poder adquisitivo (primer pilar); un sistema público que no se cierra y otorga una pensión básica (segundo pilar) y un sistema privado que ofrece una pensión complementaria (tercer pilar)”, explicó Jaramillo.
Más equidad
El miembro de la Comisión de Gasto y la Inversión Pública y docente de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla, señaló que se requiere de mayor equidad, pues actualmente hay pensiones equivalentes a 25 salarios mínimos, que van en contra con lo establecido en la Ley 100 que pone como tope 20 salarios mínimos.
Sumado a esto las pensiones más altas reciben subsidios muy fuertes, que hacen que el sistema sea muy desigual.
La inequidad también existe entre regímenes. Las tasas de reemplazo en el RAIS son inferiores a su equivalente en el RPM. Esto hace que los trabajadores con las mismas carreras laborales y los mismos aportes tengan beneficios pensionales muy distintos dependiendo de si se jubilan en el RAIS o en el RPM.
La persistencia de pensionados de regímenes especiales es otra causa de la regresividad del sistema. Los beneficios de esos regímenes hacen que estos sean más ventajosos que los del régimen general de pensiones, contribuyendo a la inequidad del sistema.
Por último, el hecho de que las pensiones no estén gravadas y que el 99% de los pensionados se encuentre por encima de la mediana del ingreso mensual de un trabajador colombiano son factores que tampoco favorecen la equidad.
Protección al adulto mayor
Uno de los puntos clave de la reforma al régimen pensional tiene que ver con la protección al adulto mayor, a través de programas como ‘Colombia Mayor’ cuya ampliación fue calificada de favorable para la población vulnerable que no cumple con las condiciones de acceso al sistema pensional.
El costo fiscal de este programa podría superar la capacidad del Fondo de Solidaridad Pensional con el cual se alimenta, pero no es elevado si se tiene en cuenta su impacto social.
El esquema de BEPS constituye un instrumento valioso para la cobertura del sistema de protección económica a la vejez y generar incentivos al ahorro. Sin embargo, los alcances actuales del programa son marginales y una de las recomendaciones realizadas por la Comisión es realizar una revisión integral del esquema con el propósito de incrementar su eficacia.
Sobre el tema ANIF señala que ello requerirá elevar la asignación presupuestal de dicho programa del 0,2% del PIB observado en 2016 hacia al menos el 0,4% del PIB, acercando al 0,6% del PIB asignado en promedio en América Latina a la protección de la tercera edad.
Adicionalmente, el centro de estudios hace un llamado a lograr un fortalecimiento y blindaje político de los subsidios de Colombia Mayor frente a las “camarillas” políticas, tanto a nivel nacional como territorial.
Esos eventuales recursos adicionales para este programa deberán provenir del Presupuesto Nacional y no por la vía de subsidios cruzados que encarecerían aún más los costos no salariales y drenarían la porción destinada a las cuentas pensionales individuales, que en Colombia solo representan el 64% de lo cotizado frente al 74% en Chile.
El Departamento Nacional de Planeación, DNP debe continuar con su política de depuración del Sisbén. Allí se ha identificado que aún permanecen 36 millones de inscritos, cifra exagerada frente a una población bajo la línea de pobreza que apenas supera los 13 millones de colombianos.
Los cálculos sugieren que dicha ampliación de los BEPs bajo la modalidad de hipotecas reversibles tendría el potencial de beneficiar a cerca de 26 mil personas mayores de 60 años por año durante 2017-2050 frente a los cerca de 100 mil nuevos pensionados por año.
Dicha cifra resulta del cálculo de la población mayor de 60 años que cuenta con una vivienda propia, pero recibe ingresos inferiores a un salario mínimo, por lo que no podría acceder a una pensión mínima de igual monto.
Al descontar que en Colombia el precio de una vivienda promedio de estrato bajo ronda los $110 millones, las estimaciones sugieren que se emitirían BEPs bajo la modalidad de hipotecas reversibles por cerca de $59.3 billones durante 2017-2050, lo cual equivale a un 6.4% del PIB.
Regímenes especiales
Para el caso de los maestros la edad de jubilación es actualmente de 57 años tanto para hombres como para mujeres, y dentro de las consideraciones que tiene la Comisión es que hay una diferencia en relación con la edad de jubilación del régimen general de pensiones debe eliminarse.
Además, la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasarse del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio a Colpensiones.
En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, la asignación de retiro se obtiene sin consideración a la edad con tiempo de servicio de 20 años en caso de retiro forzoso y de 25 años por retiro voluntario.
Las cotizaciones equivalen a solo el 5% a cargo de los miembros de las Fuerzas Armadas por cuanto el Gobierno no hace aportes diferentes a cubrir el faltante para el pago de las asignaciones de retiro, que se calculan con una tasa de reemplazo que oscila entre 50% y 95% sobre sueldo básico.
Aunque consideraciones del sector pueden justificar diferencias con respecto al régimen general, la Comisión considera que hay un margen importante para racionalizar estos beneficios especiales y para que las cotizaciones reflejen de manera más transparente los gastos futuros en que se incurre con esos beneficios.