Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia prevista en los artículos 32.8 del Código de Procedimiento Penal y 5° del Decreto Ley 016 de 2014, archivó la indagación que se seguía en contra de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera; y de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero.
Los cargos contra las funciionarias es por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio, durante 2020 y 2022.
Lo anterior, por cuanto, de las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado.
El caso
En las últimas semanas, dos agentes del CTI, Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, denunciaron públicamente que la vicefiscal Martha Mancera los persigue después de que informaran sobre supuestos nexos del coordinador del CTI en Buenaventura con el narcotráfico. Según los agentes, la respuesta de Mancera fue desviar la atención hacia ellos, acusándolos de actividades ilícitas.
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La vicefiscal Martha Mancera ha salido al frente de las acusaciones, afirmando que se trata de un complot en su contra que se viene gestando desde el año 2020. En una entrevista para W Radio, Mancera sostuvo: "Están tratando de enlodarme con temas con los que definitivamente no tengo nada que ver. Soy una funcionaria de 30 años". La funcionaria niega cualquier vinculación con los hechos denunciados y señala que el caso es parte de una estrategia para manchar su nombre.
Los agentes del CTI sostienen que descubrieron las actividades ilícitas de Francisco Javier Martínez Ardila mientras se infiltraban en organizaciones criminales en Caldas, Cauca y el Valle. Afirman que, en lugar de investigar al coordinador del CTI, la vicefiscal Mancera los persigue. Aunque los agentes respaldan sus afirmaciones con documentos y su trabajo encubierto, actualmente enfrentan procesos legales por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documento público.
En medio de las acusaciones, Martha Mancera aspira a remplazar temporalmente al fiscal general, Francisco Barbosa. La vicefiscal busca prolongar su administración y la de Barbosa por varios meses. La decisión de la Corte Suprema será crucial para determinar el futuro de ambos funcionarios.
Mientras Mancera defiende su integridad, los agentes del CTI mantienen sus denuncias, y la justicia deberá esclarecer la verdad detrás de este conflicto interno en la Fiscalía General de la Nación.