La Administración Distrital de Claudia López, a través de la Secretaría de Gobierno, se comprometió a darle cumplimiento a todas las recomendaciones que le hizo a través de un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado colombiano.

Reiterando que se le prestará especial atención a la seguridad y protección de los líderes sociales, a este respecto el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, le echó una pulla al Gobierno nacional y en especial, a las últimas declaraciones hechas por la ministra del Interior, Alicia Arango.

“Estamos absolutamente convencidos que la defensa de la vida de los líderes sociales y de sus causas no es una estadística. Es el primer deber del Estado colombiano y en Bogotá, nos aseguraremos que así se cumpla”.

Cumplimiento a las observaciones

Comenzando por reiterar que Bogotá respeta y valora el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el máximo órgano internacional en esta materia, la Administración Distrital sentó su posición al decir que “este debe llevar a todas las entidades del Estado a redoblar los esfuerzos para trabajar en la garantía de los Derechos Humanos en Colombia”.

“En Bogotá nos tomamos muy en serio el reciente informe presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recordemos que la ONU es la máxima instancia en materia de Derechos Humanos a nivel internacional”, precisó ayer en horas de la mañana el secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Por lo mismo y reconociendo que este informe de las Naciones Unidas recoge una indiscutible problemática de índole nacional, ayer, la Alcaldía Mayor dijo que desde el Distrito se acogerán las recomendaciones, aquellas que por competencia le corresponden al mismo y, en particular, aquellas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de los líderes y lideresas sociales, así como la garantía del derecho a la movilización pacífica.

“Si bien, las responsabilidades (que propone la ONU) apuntan a unas responsabilidades de la Nación, desde el Distrito de Bogotá estamos absolutamente listos para acoger las recomendaciones, en especial en lo que implica la implementación veloz del Acuerdo de Paz; la protección a líderes y lideresas de los Derechos Humanos, así como la garantía al derecho de la movilización pacífica y la protesta”, precisó a este respecto el secretario Gómez.

Solicitud en concordancia con PDD

Posteriormente, de acuerdo con la secretaría Distrital de Gobierno, el Plan de Desarrollo Distrital (PDD): Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI, le apuesta a convertir a Bogotá en el epicentro nacional de paz y reconciliación.

Así mismo y, junto a los departamentos de la región central del país, la Administración Distrital señaló que está diseñando una estrategia de integración territorial que busca cerrar las brechas entre la población rural y urbana de esta zona del país.

El informe de la ONU, que insta a los gobiernos locales para que en sus respectivos Planes de Desarrollo incluyan y apropien recursos para la protección de líderes y lideresas sociales, y específicamente, se estructuren medidas de prevención colectiva.

Por lo mismo, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, desde el primer día de la construcción del PDD, la protección de los líderes y lideresas sociales ha sido una prioridad, y por ello, se incluyeron los mecanismos de prevención colectiva como una necesidad indispensable en la ruta implementada por la Secretaría de Gobierno, entidad que adelantará estrategias diferenciadas en las veinte localidades e incluso por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la ciudad.

Movilización pacifica

Por otra parte, y frente al hecho que Naciones Unidas hizo un llamado a respetar la movilización pacífica además de tener un manejo proporcional de la fuerza de policía que garantice los derechos humanos, de acuerdo con la Alcaldía, desde la implementación del Protocolo Distrital se ha subrayado que las movilizaciones sociales no son un asunto de orden público, sino el ejercicio de un derecho fundamental.

Y precisamente por esa razón es que se fundamentó el diálogo con los diferentes actores y la prohibición del uso de armas letales por parte del Esmad. Añadió Gómez que, el mejor servicio que se presta a la movilización social en Bogotá es la individualización de quienes actúan de manera violenta y vulneran los Derechos Humanos de los manifestantes por sus causas, así como de los miembros de la Policía.