Investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá y a un contratista por ser señalados de cometer delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.

Información preliminar indica que uno de los capturados es el exalcalde del municipio, John Jairo Gómez Aguirre, presuntamente, involucrado en casos de corrupción relacionados con las bandas criminales, específicamente con 'La inmaculada'. Cabe resaltar que en enero, el actual alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, lo habría denunciado por, presuntamente, ser permisivo con el grupo criminal mencionado anteriormente. 

“En las próximas horas estas personas serán presentadas ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, se les imputarán los delitos”, informó la Fiscalía.

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La seguridad en el municipio agravó luego de que el grupo armado 'La Oficina de Tuluá', como también se conoce a 'La Inmaculada' se atribuyera los asesinatos del abogado y precandidato al Concejo del municipio Alejandro Forero, en un centro comercial en 2023, así como el del agente de tránsito John Jáiber Hincapié Inocencio, en la noche del 8 de julio de ese mismo año.

Tras la captura de alias ‘Nacho’, quien sería el máximo cabecilla de la red criminal, empezaron a presentarse una serie de graves, entre ellos, atentados contra agentes de tránsito y vehículos incinerados.

La reforma a la Procuraduría y un posible fallo en lucha contra la corrupción

El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta dijo a este Diario que “la iniciativa me parece que es más fruto de un resentimiento que de una construcción seria de lo que es una reforma a la justicia. El país siempre necesita una institución que sancione a los funcionarios, independientemente de su origen”.

Añadió que pensar ahora “en eliminar la Procuraduría o eliminarle esa función, no tiene ningún sentido. Y entre otras, primero, es una de las instituciones que tradicionalmente ha sido más importante en la lucha contra la corrupción. Y, segundo, si además piensan extenderlo hasta otros funcionarios que no sean de elección popular, como ministros, pues ahí sí nos quedamos sin absolutamente ningún tipo de control a cualquier gobierno”.

“De manera que me parece muy grave y parece quieren es quitarse una piedra en un zapato, les está molestando. Esa no es la manera para hacerlo”.

Mientras que el exprocurador general, Jaime Bernal Cuéllar, dijo a este Medio que “la Procuraduría debe es fortalecerse, por la sencilla razón de que hoy por hoy ha aumentado la delincuencia, han aumentado las conductas irregulares de funcionarios públicos, incluyendo a los de elección popular. Me parece un contrasentido que traten de quitar una institución que está combatiendo esa clase de corrupción, esa clase de faltas e irse por una impunidad permanente a los funcionarios de elección popular”.

Indicó que “no es el momento, primero porque hay un sinnúmero de procesos, en segundo lugar, porque sería irse en contravía de lo que se está reclamando mundialmente de crear una ética del servidor público y combatir la corrupción por parte de servidores públicos de elección popular”.

En tanto que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien estuvo en la terna de la cual fue elegida por el Congreso la procuradora Margarita Cabello, dijo a este Medio que “hacer ajustes a la Procuraduría en estos momentos es por lo menos impertinente, primeramente, porque de manera reciente se realizaron sendos ajustes a la atribución de la Procuraduría frente a servidores públicos elegidos popularmente y fue avalada bajo algunas condiciones por nuestra Corte Constitucional. Luego, no se estima que sea el momento para redundar en esa propuesta, más aún cuando la iniciativa proviene del Gobierno y al tiempo existe en curso investigaciones en contra del suspendido canciller Leyva, el ministro de Salud y hasta el hijo del presidente Gustavo Petro, lo que podría distorsionar la motivación de esa propuesta”.

Explicó el exministro que “es fundamental garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso de la construcción de la reforma que necesariamente debe incluir a la Procuraduría. En última instancia, cualquier modificación que se persiga, es con el único fin de fortalecer el sistema de la justicia en lugar de debilitarlo”.