Dos contratistas y un nuevo funcionario público también fueron capturados este sábado en el Atlántico por presunta corrupción en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en varios municipios del Atlántico.
Junto al secretario de Educación, Dagoberto Barraza, capturado en el municipio de Sabanalarga, también permanecen en la URI de la Fiscalía en Barranquilla, el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios.
Uriel Reyes es el representante legal de la fundación Rey de Reyes, entidad que ha operado el PAE en el Atlántico durante los últimos cuatro años, y Félix Barrios, quien estuvo vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal por presuntos daños patrimoniales en la alimentación escolar de la ciudad de Cartagena durante el 2018.
Las capturas se dieron tras investigaciones que la Procuraduría General de la Nación adelantó en la Secretaría de Educación del Atlántico por presuntas irregularidades presentadas en los contratos de $7.200 millones para el Plan de Alimentación Escolar en colegios públicos del departamento entre el 2016 y el 2018.
Más de $2 billones se están destinando este año para financiar el PAE, que permite dar desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,6 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país. Se trata de uno de los programas de mayor impacto social y, por ende, de los que requieren una vigilancia más extrema y detallada por parte del Gobierno, los entes de control, las administraciones departamentales y municipales así como de las propias instituciones educativas, veedurías ciudadanas, gremios y las asociaciones de padres de familia.
Varios hechos han mostrado que el PAE se convirtió en los últimos años en uno de los principales botines de las mafias de corrupción, politiquería y contratación ilegal en varias zonas del país. Son cuantiosos los recursos que se han perdido así como incontables los escándalos por el suministro de alimentos.
El Gobierno indicó que las dificultades actuales del programa van desde la ineficiencia del uso de recursos hasta los problemas de transparencia, fallas del servicio y la falta de seguimiento del impacto del programa.