La jueza Iris Tatiana Jiménez, de Puerto Asís, Putumayo, tomó la decisión de dar casa por cárcel a los 24 militares señalados de participar en un operativo en la vereda Alto Remanso que dejó a once personas muertas durante el 28 de marzo de 2022.

El pasado 5 de agosto, la Fiscalía solicitó a un juez municipal con función en control de garantías dictaminar medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional, luego de acusarlos por los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia; sin embargo, con la decisión del Juzgado 2 Promiscuo, los uniformados contarán con el beneficio de continuar siendo procesados pero en sus domicilios.

Los militares se encuentran actualmente respondiendo ante una indagación penal debido al desarrollo de una operación en la que, al parecer, dispararon indiscriminadamente durante cerca dos horas, causando la muerte de varios civiles, entre los cuales se encontraba un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, además de cuatro personas heridas, una de ellas una menor embarazada que dormía en su vivienda.

“Estás once personas murieron como consecuencia directa de la acción de disparos de las tropas especiales del Ejército Nacional, ocho de ellas eran civiles; esto es, no eran combatientes (…) debido a que como población civil no se encontraban participando directamente en las hostilidades”, afirmó en audiencia el fiscal encargada del caso.

De acuerdo con el relato del fiscal a cargo, al terminar la intervención armada, la tropa habría ingresado al caserío usando sudaderas de color verde oscuro, camisetas negras y pañoletas negras, e identificado como un grupo armado ilegal, reunido a la población civil en la cancha múltiple por varias horas, mientras presuntamente movían los cuerpos de las víctimas y alteraban la escena del crimen.

En abril de este año, la Corte, estableció que al tratarse de una investigación relacionada con violaciones a los “derechos humanos, de lesa humanidad y de infracciones al derecho internacional humanitario”, en medio de hechos ajenos al servicio, la justicia ordinaria tiene la autoridad para llevar a cabo el juicio en este caso particular.