La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó las audiencias del actual presidente del Farc, la fuerza política surgida de la homónima y desmovilizada guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y la del ahora senador Julián Gallo, también conocido como 'Carlos Antonio Lozada', tras reconocer la responsabilidad del grupo armado que lideraban en el asesinato del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado.
El primero de los dos en acudir ante la JEP será Gallo, el que fuera comandante de la Red Urbana 'Antonio Nariño', el próximo 4 de noviembre, mientras que dos semanas más tarde, el 17 de noviembre hará lo propio Londoño, en calidad de último máximo líder de la ya extinta guerrilla.
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"Las diligencias de Londoño y Gallo tendrá como objetivo principal recibir el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad individual y colectiva" con respecto al asesinato del líder conservador Gómez Hurtado en noviembre de 1995, tras enviar una serie de escritos a la JEP en los que reconocían la responsabilidad de la extinta guerrilla en este y otros cinco homicidios.
"Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del Secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho", dice una de las cartas enviadas a la JEP hace dos semanas.
El político fue asesinado porque lo consideraban "un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra". También dijeron que "fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado", quien habría hecho "un aporte fundamental" a la paz.
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a su salida de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde impartía clase de Historia Política y Constitucional de Colombia, por un grupo de sicarios que le dispararon desde la motocicleta en la que viajaban.
Aunque en la misiva se remarca que con ella se busca aportar verdad al conflicto y a la familia de Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de la familia, aseguró que el propósito de esta acción es "quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía para efectos de entrar en un 'procesito' de tercera".