A mediados de enero un juez definirá si le da el visto bueno al nuevo preacuerdo que suscribió la Fiscalía con el exsenador Otto Bula en el caso Odebrecht.

La negociación establece que Bula pague 66 meses de cárcel y una indemnización por $6.600 millones. En relación con el monto, se conoció que Bula puso a disposición de la justicia un inmueble avaluado en $3.000 millones y los restantes $3.300 millones son respaldados con dos pagarés de $1.650 millones cada uno.

El despacho judicial consideró que para dar el visto bueno al preacuerdo es necesario presentar el certificado de tradición y libertad en que se certifique que la casaquinta ya está en poder del Estado. El trámite aún está en curso entre notarías y la Oficina de Instrumentos Públicos, según se escuchó ante el estrado.

El año pasado, el juez 46 penal de Bogotá negó otro preacuerdo de Bula con la Fiscalía. En un principio en el documento se manifestaba una pena de dos años de prisión por el delito de cohecho por dar y ofrecer.

“Se desprestigia la administración de la justicia y genera cuestionamientos de la misma. Se está hablando de un soborno a un fiscal”, dijo el juez, quien agregó que “la Fiscalía no dijo la finalidad del preacuerdo, solo dijo que está colaborando en otro proceso”, agregó.

Ante esa decisión, la Fiscalía y la defensa de Bula presentaron recurso de apelación. El proceso de este preacuerdo tiene que ver con el pago de $300 millones que el excongresista pagó al exfiscal Rodrigo Aldana.

De acuerdo con la investigación, Bula le entregó a Aldana un apartamento para que le informara sobre los procesos que en la Fiscalía se le adelantaba al excongresista por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El acuerdo se hizo por el delito de cohecho por dar u ofrecer, fijando una condena de 24 meses de prisión sin subrogados. En ocasiones anteriores un juez tumbó otro preacuerdo que firmó Bula con el ente acusador por el escándalo de Odebrecht. La negociación establecía una pena de cinco años y medio de cárcel, aceptará cargos por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, mientras que el delito de lavado de activos será presentado bajo un principio de oportunidad. Sin embargo, el despacho judicial consideró que no cumplía los requisitos mínimos de reparación al Estado.

La participación de Bula en este escándalo se presentó en la firma durante el primer gobierno Santos del otrosí en el contrato con Odebrecht para la construcción de la ruta Ocaña-Gamarra, aprovechando los vínculos del político cordobés con parlamentarios y altos funcionarios del Estado para la época de los hechos.

La Fiscalía inicialmente identificó la existencia de un contrato con Bula, por virtud del cual este habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisión de éxito por la suma de 4,6 millones de dólares, para el caso de que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S obtuviera esta adición.

Los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el contrato aludido habría sido antedatado a mediados de 2016, asignándole la fecha 5 de agosto de 2013, con la participación de Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña.

Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de 4,6 millones de dólares, a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación.