La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó ayer en una sesión especial que se realizó en la ciudad de Sucre (Bolivia) al colectivo de organizaciones sociales de Colombia sobre sus preocupaciones por el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado.

Según el colectivo, que cita informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la cifra oficial de personas dadas por desaparecidas es de 83.000 en todo el país, además de otras 26.000 ya fallecidas que, al parecer, estarían sepultadas como ‘NN’ en 426 cementerios de Colombia, de acuerdo con informes referenciados del Ministerio del Interior.

“Si bien existe un marco normativo que protege a las víctimas y una reglamentación específica para el manejo de cuerpos de personas no identificadas –PNI– en los cementerios, en la práctica la situación es dramática en buena parte del país, con riesgos permanentes de extraviarse cuerpos, de perderse la documentación, cementerios sin condiciones mínimas de salubridad y falta de control y de personal adecuado”, señala el documento que presentó el colectivo ante la CIDH.

La situación, según la denuncia, es peor en las fosas comunes y sitios sin regulación legal donde son enterrados los cuerpos, pues no existen medidas de protección, como es el caso del cementerio de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia.

En la audiencia también se pedirá una revisión a la forma en que las entidades estatales realizan la identificación de las víctimas, pues dice el colectivo que “no siempre se cumplen los protocolos de entrega digna de los cuerpos de las víctimas que ya han sido identificadas”.

Todas estas problemáticas requieren que las entidades estatales actúen de forma articulada, desplieguen mayor asignación presupuestal y desarrollen inversiones necesarias y urgentes.

En el documento se advierte que se requiere de “una política de acción integral y efectiva para proteger lugares con cuerpos de personas no identificadas”, en especial en este momento en que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada por la Justicia Transicional, ya comenzó a iniciar sus labores legales.

En resumen, el colectivo de la sociedad civil que integran 18 organizaciones hizo énfasis en tres puntos básicos: la importancia de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado; la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación (entierro), y la participación efectiva de las víctimas en las entregas de los cuerpos de sus seres queridos.

La principal petición de ese grupo, del que forman parte la Corporación Sociojurídica Orlando Fals Borda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, es que la CIDH “haga seguimiento y dé acompañamiento especializado” al Estado colombiano frente a la búsqueda de desaparecidos.

En la audiencia no participó la UBPD.