Que la Fiscalía “trabajará de forma armónica con la jurisdicción en el marco de las competencias de cada uno de los órganos”, anunció ayer el entrante fiscal Francisco Barbosa tras reunirse con la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, y los magistrados de la justicia transicional.

La magistrada Linares expresó, por su parte, que reconocía la “disposición” de Barbosa “de trabajar en pro de la paz de este país colaborando con la JEP”.

En diálogo con los periodistas al final del encuentro con Barbosa, Linares expuso algunas de las preocupaciones que los magistrados de la JEP le plantearon al nuevo fiscal, como por ejemplo que la Fiscalía siga avanzando en investigar los delitos que son competencia de la justicia transicional hasta que esta asuma la investigación de estos.

Otro punto que le exteriorizaron los magistrados de la JEP al fiscal Barbosa es la necesidad de un trabajo conjunto para actualizar los informes sobre el conflicto armado y fortalecer la Unidad de Desmantelamiento que fue creada por el Acuerdo de Paz para combatir los grupos armados organizados (GAO), incluyendo los residuales.

“Él muy gentilmente reiteró su disposición a abordar en conjunto mecanismos” que faciliten que Fiscalía y JEP tomen cartas en esos asuntos, dijo Linares. Barbosa complementó al asegurar que “por supuesto” serán temas que se mirarán cuando se posesione, la próxima semana.

Sobre temas que en el pasado fueron motivo de controversia entre la Fiscalía y la JEP, tanto Barbosa como Linares se mantuvieron en la idea de que el 1 de diciembre de 2016 es la fecha que señala los hechos que investiga una y otra entidad. La magistrada citó palabras de Barbosa para recordar que la Fiscalía debe investigar “hacia adelante” y la JEP “hacia atrás”.

Con respecto a otras polémicas entre la justicia ordinaria y la transicional, como por ejemplo el choque de competencias que se generó por los casos de los parapolíticos Álvaro Ashton y Musa Besaile, aceptados en la JEP incluso por el caso del cartel de la toga, ambos concordaron en que esas diferencias serán resueltas por la Corte Constitucional.

Aunque como consejero del Gobierno, Barbosa fue uno de los redactores de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, el funcionario electo se ha comprometido, tanto ante la Corte Suprema de Justicia como en declaraciones a los medios de comunicación, a tener una relación armónica con la JEP.

“Voy a acompañar la Jurisdicción en lo relativo a la Policía Judicial y en lo que se requiera, entendiendo que la justicia restaurativa es fundamental para entender la dinámica de cierre de ese conflicto que hemos tenido en Colombia”, aseveró.

Para Barbosa, el sistema de la JEP “fue incorporado a la Constitución, tiene varios actos legislativos derivados, un código de procedimiento, una validación con las altas cortes. Hay que distinguir que ese tribunal cumple una función transicional que tiene relación con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. He sido un defensor de esa Jurisdicción. Creo que era necesaria para hacer ese cierre, he sido crítico de las implementaciones en diferentes campos que no tienen que ver con la JEP. Y creo que es necesario que se fortalezca para que haya un cierre pronto de ese proceso”.

Piden interrogar a Merlano en Venezuela

Un grupo de congresistas le pidieron al entrante fiscal Francisco Barbosa que nombre una comisión para que interrogue a la exsenadora Aída Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras ser recapturada.

Mediante un derecho de petición, los legisladores le expresaron al fiscal que Merlano ha manifestado tener información sobre personas que estarían involucradas en redes de compra de votos en Atlántico.

“Nos permitimos solicitarle que (…) mientras el Gobierno nacional adelanta las actuaciones necesarias para la repatriación de la señora Merlano, designe una comisión de fiscales para que reciban en territorio venezolano la declaración de ella acerca de los hechos que dice conocer y de los que además afirma tener pruebas”, indicaron Iván Cepeda y Wilson Arias, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Julián Gallo, Griselda Lobo, Omar de Jesús Restrepo y Luis Alberto Albán, del partido Farc; Aída Avella y María José Pizarro, de la Lista de la Decencia.