A pesar de varias medidas y leyes que se han expedido en Colombia, la corrupción no afloja y continúa como la principal vena rota por donde se dilapidan los recursos públicos. Por ello, hay quienes señalan que se requieren acciones más radicales del tipo que han adoptado países como Singapur, donde hoy aseguran que prácticamente erradicaron este flagelo.

Se ha identificado que una de las mayores puertas abiertas a la corrupción en la contratación estatal es por la relación que se origina entre los contratistas y los políticos, pues los primeros aportan a las campañas con la confianza que si el candidato es elegido, les devolverá el ‘favor’ a través de jugosos contratos.

En diciembre pasado, Transparencia por Colombia hizo entrega del primer informe de análisis de la plataforma Elecciones y Contratos, herramienta que permite cruzar datos de financiación privada de campañas (Cuentas Claras) y contratación pública (Secop).

Uno de los principales hallazgos es que la tercera parte de los financiadores de las campañas celebran contratos con el Estado. “De esta cifra, se observa que un 80% fueron adjudicados por contratación directa”, explicó Transparencia por Colombia.

El académico Felipe Hadad, especialista en derecho económico y conocedor de cómo funciona la contratación con el Estado, destacó en EL NUEVO SIGLO que “hay una disposición en el llamado Estatuto Anticorrupción que impedía que los contratistas que habían aportado a las campañas políticas pudieran ser contratistas. Sin embargo, esta norma se queda corta en tanto que establece unos topes muy pequeños. Frente a un tema de estos amiguísimos es muy difícil abordarlo desde la contratación estatal”.

Por ello, Hadad dijo que se necesitarían medidas más radicales. “Soy un amigo constante de los ejemplos de países que han tenido éxito en las medidas anticorrupción, para eso no hay mejor ejemplo que  Singapur, acabó totalmente la corrupción Singapur. Colombia era el paraíso de la transparencia comparado con Singapur. Y ellos lograron a través de unas medidas muy drásticas acabar con la corrupción”.

Agregó que, “ahí el tema es que haya la suficiente voluntad, no solamente desde el punto de vista político sino también de todos nosotros como ciudadanos, detectar esas medidas para combatir la corrupción de manera eficiente”.

Añadió que, “es muy complejo cargar la contratación estatal de medidas anticorrupción porque ese es un solo eslabón de muchos otros que propician esa corrupción, desde las cosas más simples y sencillas como buscar que un agente de tránsito no me multe, hasta buscar contratos por medios que no son los correctos”.   

Caso Singapur

Singapur, un país de Asia formado por 33 islas, es hoy uno de los mayores centros financieros del mundo a pesar que hace medio siglo estaba sumido en la pobreza.

Su transformación fue impulsada por Lee Kuan Yew, quien fue primer ministro por más de tres décadas. Hoy, esta nación es considerada líder mundial en educación, salud y lucha contra la corrupción.

El hecho que este pequeño país, por ser el segundo puerto más importante del mundo y centro financiero donde se asientan las instituciones más grandes, fue también un caldo de cultivo para que la corrupción creciera sin control, afectando en gran medida el desarrollo de esta nación.

Entonces, el primer ministro Lee Kuan Yew decidió tomar ‘el toro por los cuernos’ y enfrentar con drásticas medidas este flagelo. Todavía se recuerda que cuando lanzó su plan de acción en un consejo de ministros dijo “si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia”.

La primera medida que se adoptó fue elevar las penas contra los corruptos, que eran mucho más graves cuando los responsables se quedaban con dineros destinados a inversión social en las capas de la población menos favorecida.

Posteriormente, se estableció la pena de muerte para quienes robaran recursos destinados a la salud y la atención de las poblaciones más vulnerables.

También, fue aprobado un estatuto de contratación estatal con normas sencillas, pues se dieron cuenta que el exceso de leyes en la materia llevó a los corruptos a buscar atajos para cometer sus fechorías.

Adicionalmente, se ordenó que los empleados públicos fueran rotados en sus cargos con el fin de evitar que por el tiempo que permanecían tuvieran la oportunidad de establecer manejos en las entidades asociados con la corrupción.

También, fue establecido un requisito para que todo empleado público al posesionarse firmara un consentimiento para que el Estado revisara, cuando así lo considerara, sus cuentas bancarias en Singapur y en el exterior.

Además, se determinó que los funcionarios condenados por corrupción perdieran el derecho a pensionarse, además de ser sancionados con una inhabilidad para ocupar de por vida cargos públicos.