En estos momentos el Concejo de Bogotá está en receso y las sesiones se retomarán el próximo sábado 10 de julio. De cara a este segundo semestre, ¿cuáles serán los grandes temas que tendrá que capotear el Cabildo, más allá de las agendas políticas de cada uno de los concejales? El Plan de Ordenamiento Territorial y el de Rescate Social por $1.8 billones, son los dos grandes que figuran en la lista.

El primero de ellos es, nada más y nada menos, que una reingeniería del ordenamiento territorial de la ciudad. Este tipo de proyectos se hace para un periodo de 12 años pero Bogotá ya lleva prácticamente 20 con las mismas reglas, dos décadas en las cuales las dinámicas sociodemográficas, además de las necesidades urbanas y sociales, han cambiado de manera sustancial.

Por lo mismo, que el POT que presentó esta administración y que radicó ante la Corporación Autónoma Regional el primero de mayo sea aprobado este año, es imperativo. La secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, espera que “si todo nos sale bien creemos que podríamos estar presentándolo al Consejo Territorial de Planeación el primero de julio y estar radicando el POT (al Concejo) en agosto”, dijo en entrevista a este Diario el 28 de marzo.

El otro proyecto de gran importancia lo constituye la estrategia que radicó ante el Concejo de Bogotá la Administración Distrital el pasado 12 de junio: se trata del rescate social que anunció la alcaldesa López a finales de mayo por $1.8 billones.

Dada la crisis económica generada por la pandemia y el aumento de la condición de pobreza en la ciudad, esta iniciativa propone modificaciones hacendarias al presupuesto vigente con el fin de redirigir ese monto y acelerar con más fuerza la reactivación económica y social de la capital.

La concejal de Cambio Radical y una de las tres ponentes del mismo, Carolina Arbeláez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que apenas regresaran del receso el Concejo probablemente arrancaría con la discusión en la Comisión de Hacienda de este proyecto, aunque su primer debate aún no está agendado. Así lo confirmó este lunes este Diario.

No obstante ambos tendrán, sin lugar a dudas, un ejercicio de debate y reflexión difícil al interior del Concejo y podrían estar siendo el equivalente a las extenuantes sesiones que se vivieron el año pasado a la luz del Cupo de Endeudamiento y del Plan Marshall.

POT y Estatuto Orgánico

Con relación al Plan de Ordenamiento Territorial, lo primero que toca decir es que este POT tiene 10 apuestas principales: fomentar la productividad, la inclusión socioeconómica, el espacio público al aire libre, el reverdecimiento, la descarbonización, la consolidación de una red metro multimodal, la priorización del peatón y la bicicleta, la inclusión de género, consolidar una filosofía ecourbana y por último una región metropolitana de ciudad. No obstante, ¿cuáles son los aspectos más “controversiales” frente a los cuales algunos concejales ya se han referido?

Para hacer una ciudad de proximidad, de 30 minutos, este POT consolidará 32 Unidades de Planeación Local con mixtura de usos y reglas claras para cada uno. Pero más allá de esto, está el hecho de que la división de localidades quedará contemplada en el POT, así como otros elementos del Estatuto Orgánico en donde se tocan por ejemplo las competencias del cabildo con relación a las vigencias futuras. 

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A este respecto el cabildante de Cambio Radical, Yefer Vega, le dijo a EL NUEVO SIGLO el pasado 19 de junio que con la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá al Congreso se le olvidaron las competencias del Concejo.

“Esa propuesta en el Congreso carece de legitimidad, pese a que pueda tener un procedimiento normativo legal. Es muy importante preguntarse cuál será el impacto fiscal que se tendrá con estos 32 nuevos gerentes locales. Estas son las dudas que claramente han quedado en el tintero por falta de discusión. A este proyecto le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la reforma tributaria: que por ese pequeño detalle de ausencia en la participación e imposición del mismo, sencillamente no va a llegar a buen término. Con toda seguridad, por lo menos yo, emprenderé una demanda contra lo que se estableció”, sentenció Vega.

Este tema escaló cuando el miércoles de la semana pasada varios concejales, por iniciativa de Carlos Carrillo, le solicitaron al Presidente de la República, a través de una misiva, que objete el proyecto de ley orgánica por inconstitucionalidad e inconveniencia.

“Nos vemos en la obligación de dirigirnos a usted por medio del presente escrito, con el fin de exponer los fundamentos jurídicos que evidencian la inconstitucionalidad e inconveniencia del parágrafo transitorio del artículo 6 y el artículo 14 del Proyecto de Ley Orgánica, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, especialmente las contenidas en los artículos 165 y siguientes de la Constitución Política de Colombia sean objetados los artículos citados”, reza el texto.

Y otro de los peros frente al cual varios concejales ya se han referido, fue el de los los temas que son sujetos de concertación ambiental, y que no podrán ser modificados en el Concejo.

A este respecto por ejemplo el excandidato a la Alcaldía y concejal por el movimiento político Bogotá para la gente, Carlos Fernando Galán, indicó que “me preocupa la limitada discusión sobre los temas que serán sujetos de concertación ambiental pues lo que salga de esa concertación ya no podrá ser modificado por el Concejo de Bogotá”.

También la cabildante de Colombia Humana, Susana Muhamad, ya le había dicho a este Medio que hay mucha expectativa sobre cuál será la decisión de la Administración Distrital sobre las zona de manejo y protección ambiental tanto del río Bogotá como del río Tunjuelito.

"Estamos también muy pendientes sobre cómo se van a plantear las zonas de expansión de la ciudad por los lados de Usme, del norte, la zona rural de la unidad de planeamiento rural de Suba y ver si definitivamente los mapas de riesgo y amenaza sí generan las figuras de protección de suelo que nos hagan más resilientes a la emergencia climática”, señaló Muhamad e indicó que deberán revisarse con muchísima atención los mapas del articulado.

Rescate social

Con relación al rescate social, varios concejales ya señalaron que los recursos destinados para recuperar Transmilenio serán un tema problemático en el debate, y el bajo impacto que tendrán las medidas en los más necesitados, constituyen otra gran preocupación.

“Hemos estado haciendo un análisis y estudio juicioso del documento, y lo que hemos podido identificar es que esto, aparte de ser un rescate social, también pretende hacer un rescate a Transmilenio. El 60% de los recursos están destinados al sistema”, indicó a este Diario a mediados de junio la concejal de Cambio Radical y una de las tres ponentes del proyecto de Acuerdo, Carolina Arbeláez.

En esto coincidió su par de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, quien ya ha manifestado que lo que presentó la Administración Distrital no es un rescate social.

“La Alcaldesa siempre ha planteado que el monto de $1.8 billones es para rescatar socialmente a Bogotá pero este proyecto contempla, que de esa cifra, exactamente $1.1 billones son para rescatar a los operadores de Transmilenio, y tan solo $680.000 millones están dedicados al rescate social. Lo que la Alcaldía radicó fue una modificación al presupuesto para rescatar a los operadores de Transmilenio”, sostuvo Rojas.

Estas serán dos discusiones para alquilar balcón y frente a las cuales la Administración Distrital tiene especial interés en que sean aprobados.