AYER se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado el primer debate del Proyecto de Ley 089 de 2022 con el que se pretende establecer el Formato de Sentencias de Lectura Fácil utilizando un lenguaje no técnico, sino sencillo y claro para el entendimiento de cualquier persona.

Este formato tendría aplicación en todas las jurisdicciones y especialidades del Estado colombiano, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

El senador Julio Chagüi del Partido de la U sostuvo que es un proyecto muy oficioso, importante e interesante.

“Es necesario justamente para revertir la sensación de distancia entre la ciudadanía y los poderes judiciales, esto no solo se evidencia en Colombia, sino en todos los países. La ciudadanía en muchas ocasiones encuentra que el lenguaje jurídico es un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Me parece que cada trabajo que ayude a reducir esa distancia en el lenguaje técnico es positivo, en primer lugar, para la ciudadanía y en segundo lugar para la propia imagen y confianza en la justicia”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, puesto que es un principio de Derecho porque rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos. Sobre esta premisa les es imposible a las personas manifestar que no cumplieron con la ley porque no la conocían.

Por su parte, el senador Carlos Motoa del partido Cambio Radical indicó que, aunque el proyecto tiene lógica, el lenguaje técnico limita la acción del Poder Judicial razón por la que considera que la iniciativa no es viable.

“En el país se conocen los retrasos, la congestión judicial, procesos de cinco o seis años que, según datos del Consejo Superior de la Judicatura, representan cerca de un 58 % de congestión. Incluir a los jueces en esa tarea de establecer otras sentencias para que el ciudadano pueda leerlas, entenderlas e interpretarlas más fácilmente; afectaría también esa ya gravosa congestión judicial. Por eso me alejo de una ponencia mayoritaria o que dé voto afirmativo a ese proyecto de ley”, aseveró.

Por otro lado, el Representante Duvalier Sánchez por el partido Alianza Verde apuntó que el proyecto es necesario para que los ciudadanos tengan un acceso eficiente a las decisiones de los jueces.

“El proyecto de ley de sentencias de lectura fácil es una iniciativa que acompañamos como coautores y defenderemos contundentemente en la Cámara. Ya evidenciamos la utilidad de las sentencias de lectura fácil hace unos meses cuando la Corte Constitucional dictó las sentencias T262-2022 para que el niño implicado tuviera conocimiento y entendimiento de la misma. Sin duda alguna, este es un proyecto que mejorará el acceso a la justicia, pues buscará que las decisiones de la rama judicial sean comprensibles para todas las personas”, enfatizó el congresista.

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De igual manera, el senador David Luna explicó que, como coautor de este proyecto de ley, busca hacer realidad el derecho de todas las personas a entender las decisiones, pronunciamientos o comunicaciones que provengan de cualquier institución pública en el país.

“El proyecto tiene dos componentes, el primero corresponde al formato de sentencia de lectura fácil, que tiene como propósito que, además, de la sentencia tradicional se incorpore un formato con el contenido de la decisión escrito en un lenguaje no técnico, directo, sencillo, claro, cercano; especialmente cuando las decisiones involucran niños y niñas, comunidades indígenas o personas en condición de discapacidad. El segundo aspecto, que es el del lenguaje claro, pretende que todas las entidades públicas incorporen un lenguaje sencillo en sus comunicaciones con los ciudadanos y las personas en general. De tal manera que, todas las personas entiendan el contenido de la información pública”, explicó.

Agregó que: “Creo firmemente que el acceso a la información es clave en una democracia y es primordial que todos los ciudadanos puedan enterarse de lo que sucede en la esfera pública sin importar su nivel de educación. Todas las decisiones importantes para el país y que los afectan a ellos se toman desde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso seguiremos trabajando para que esta iniciativa progrese y logre ser aprobada en el Congreso de la República”.

Finalmente, la Representante Carolina Giraldo del partido Alianza Verde señaló que la Corte Constitucional ha dado ejemplos de cómo comunicar temas complejos, como sentencias, de manera fácil para que hasta un niño pueda entender sus implicaciones.

“Esto significa que sí es posible, pero, además, es deseable no solo en documentos de la Corte, sino en todas las decisiones de Estado. Recordemos que el Acuerdo de Escazú también menciona la necesidad de desarrollo en el mismo sentido para los asuntos ambientales, con el fin de lograr que las comunidades tengan fácil acceso a los impactos de los proyectos que los rodean. Con este proyecto de ley se lograría pernear más ámbitos de la vida institucional”, afirmó.

¿No es el momento correcto para la iniciativa?

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó que el país no requiere en este momento una nueva ley que le enseñe a los jueces a decidir, y menos aún a escribir sus sentencias, pues la metodología para hacerlo ya fue definida y se encuentra incorporada en el ordenamiento jurídico, desde hace ya bastante tiempo.

“El articulado del proyecto de ley propone que el formato de sentencia de Lectura Fácil sea elaborado conjuntamente con el formato tradicional de sentencia o decisión, lo que supondría una carga adicional para los jueces de la República afectando su tarea primordial. Además, el proyecto de ley en trámite deja algunas dudas con respecto al verdadero entendimiento de lo que se quiere o debe hacer, de cara a la necesidad (razonable por demás) de facilitar el acceso a la justicia de sujetos que, por efectos de la existencia de algún tipo de discapacidad, experimentan dificultades de comprensión lectora”, concluyó el experto.