Las advertencias que los órganos de control han hecho a alcaldías y departamentos, para que administren eficientemente los recursos y calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), no han logrado resultados en los últimos años.

Cada vez se descubren más irregularidades en la gestión de los recursos que primordialmente perjudican a los niños en su alimentación.

En el seguimiento que realiza la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad "Alimentos Para Aprender" (UAPA), a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, se ha identificado que cinco Entidades Territoriales (ETC): Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo, luego de más de 100 días de haber comenzado los calendarios académicos en el país, aún no reportan inicio de la ejecución del PAE.

Tomando como referencia los beneficiarios del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat 2021), se afecta así a más de 500 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estarían recibiendo clases sin la alimentación escolar.

Adicionalmente, la Contraloría pudo identificar que se presentan observaciones en nueve entidades territoriales certificadas en educación (ETC): Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Vichada, que reportaron inicio en el territorio y no están operando al 100% la prestación del servicio del PAE, aumentando el número de menores que estarían sin atender.

“Hoy queremos desde la Contraloría reiterar nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el PAE como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno nacional para que reciban su alimentación los más de seis millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Se observó, “en las visitas adelantadas, que cerca del 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19% no tiene un lugar adecuado para comedores, 15% no cuentan con lugares de almacenamiento, un 20% no tiene adecuados manejos de refrigeración y cerca de un 73% no cuentan con comités de veeduría”, agregó Pineda.

Diferentes casos 

En Atlántico, el programa vuelve a ser cuestionado después de que se conociera que, pese a que la Secretaría de Educación de Malambo aseguró que se retomó el suministro de los alimentos a los estudiantes, los colegios de los corregimientos denunciaron que solo están recibiendo meriendas y no las raciones de comida.

En el caso del casco urbano, aunque el nuevo operador del programa inició con la entrega de meriendas industrializadas, docentes y estudiantes coincidieron en que la administración sigue siendo irregular. Hay que mencionar que, el proceso de contratación del operador del programa ha sido fuertemente cuestionado, después de tres aplazamientos que tuvo en los últimos meses.

En Magdalena se logró evidenciar que aún no se había dado inicio al PAE, situación que actualmente persiste, con más de 100 días de retraso en la prestación de servicio, aunque cuenta con recursos asignados mediante la Resolución 295 de noviembre 5 de 2021, por $25.688.021.214.

En el Vichada el contrato con el que venía operando el PAE durante la vigencia 2022 fue prorrogado de la vigencia anterior y culminó el pasado 6 de mayo. La ejecución del contrato nuevo inició el 17 de mayo, dejando a los beneficiarios seis días hábiles sin el PAE. Preocupa a la Contraloría que, de las 276 sedes de instituciones educativas en las que se debe garantizar la prestación del PAE, solo en cuatro se está prestando el servicio.

Le puede interesar: Duque explicó en Davos liderazgo de Colombia en innovación

En Neiva, el proceso fue adjudicado desde el 28 de marzo de 2022 y al 2 de mayo, luego de la visita realizada por el equipo de seguimiento al PAE desde el nivel central de la Contraloría, se evidenció que no han dado inicio a la operación del programa.

En Pitalito, luego de 100 días de inicio del calendario escolar aún se encuentran sin atención 72 instituciones educativas. De acuerdo a lo evidenciado por la Contraloría, dicha situación se presentaría por las incorrectas condiciones de infraestructura para la entrega del PAE a través de la modalidad ración preparada en sitio.

Desde la Personería del municipio de Chinchiná (Caldas) se realizó una visita a la Escuela Caldas con el fin de realizar el seguimiento correspondiente al PAE. Expresaron que durante la verificación se pudo evidenciar que el operador no entregó la minuta completa a los estudiantes beneficiarios.

De inmediato se hizo traslado a la interventoría del contrato y a los organismos de control, a efectos de que se tomen las medidas correspondientes y se garantice que los recursos del Estado lleguen efectivamente a los que hacen parte de dicho programa.

La Contraloría hizo un llamado para denunciar cualquier manejo irregular y recordó que dicha falla en el programa puede aumentar la deserción escolar de niños, jóvenes y adolescentes. “En muchas zonas del país, los niños solo cuentan con ese alimento, y no puede ocurrir que no se cuente con las condiciones necesarias para su continuidad y permanencia en la formación escolar”.

Llamado de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación instó a la Gobernación de Magdalena a avanzar con celeridad y eficiencia en el proceso de selección abreviada para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues en lo corrido del calendario escolar 2022 no se ha prestado este servicio a los más de 140 mil estudiantes de los 28 municipios no certificados del departamento.

Este nuevo requerimiento se suma al elevado en días pasados por el Ministerio Público al presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe, organismo que atendiendo el llamado de la Procuraduría sesionará el martes 24 de mayo para definir el ejecutor del PAE en Magdalena.

Durante el Comité Regional de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, el ente de control solicitó a las autoridades departamentales aclarar el monto de los recursos solicitados al OCAD Regional Caribe, al igual que los previstos en la selección abreviada, junto con el número total de beneficiarios, días del calendario escolar que serán cubiertos bajo estas modalidades y el plan de ejecución de los recursos, que superan los 113 mil millones de pesos.

El ente de control insistió en dicha aclaración dado que tanto el proceso de contratación como el proyecto inscrito en el OCAD fueron previstos para prestar el servicio en la vigencia 2022, y ya han pasado cinco meses sin avances al respecto.

Así mismo, el ente de control solicitó a la gobernación verificar los requisitos señalados en los procesos contractuales, ya que presuntamente han impedido la presentación de oferentes y derivado en la declaratoria de desierto.

De otra parte, solicitó efectuar los ajustes necesarios al proyecto presentado ante el OCAD, con el fin de mitigar el potencial riesgo asociado a la liberación automática de los recursos.

Estas observaciones se realizan en virtud de la función preventiva que despliega la Procuraduría General de la Nación, que tiene el deber funcional de anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, en especial los derechos constitucionales a la educación y a la alimentación equilibrada de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país.