La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación le solicitaron al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, que haga llegar a estos organismos de control información detallada que respalde pronunciamientos de esta cartera en temas como giro de subsidios, mejora en la capacidad de generación de energía de la Región Caribe y proyectos eólicos en La Guajira (incluidas las consultas previas).

Igualmente, se le pidió ampliar información respecto a las estrategias para incentivar a los generadores de energía para que la regla general en el mercado de energía sea la contratación directa; y precisar las medidas que junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se estén aplicando para incentivar la actividad exploratoria en petróleo y gas.

Uno de los requerimientos de la Contraloría y la Procuraduría al ministro de Minas y Energía es que dé cuenta de “las medidas que están realizando en conjunto con la ANH para la actividad exploratoria en petróleo y gas”, con detalle de cada una de las acciones que se están ejecutando, los alcances, el tiempo de efectividad y los responsables.

Estas determinaciones hacen parte de investigaciones que adelantan en conjunto las entidades nacionales, en relación con las estrategias para incentivar la contratación directa en el mercado de energía. Por consiguiente, las dos entidades le pidieron al ministro de Minas remitir el plan de acción en el que se detallen las diferentes estrategias, riesgos, tareas y recursos que se invertirán para la construcción de las mismas.

Determinaciones del Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación les reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la urgencia y pertinencia de tomar decisiones oportunas acerca de la licencia ambiental para adelantar el proyecto denominado “perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 Caribe colombiano”, teniendo en cuenta que dicho trámite se encuentra suspendido desde septiembre de 2024.

Refirió el ente de control que el 23 de agosto del año anterior se cumplió la fecha límite para tomar las disposiciones necesarias para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera), por lo que convocó a todos los actores involucrados a una mesa de trabajo de carácter urgente, con el fin de entender con mayor claridad la situación e inquietudes que se generan, así como las consecuencias para la seguridad energética del país de presentarse retrasos en el proyecto.

Así mismo, luego del estudio del expediente, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios expresó sus inquietudes respecto a la gestión y avance del proceso de licenciamiento, particularmente en relación con la planificación, la disponibilidad de recursos críticos y de equipos para la ejecución del proyecto; especialmente en cuanto a la embarcación de perforación Valaris DS-16, ya que su confirmación es esencial para no afectar la programación 2025 y para no generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,  Ecopetrol, Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) fueron convocados por el Ministerio Público, también para requerirles información sobre el proyecto en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.

Pese a estas advertencias, persisten preocupaciones entre los sectores económicos y políticos de Colombia ante una supuesta falta de gas natural, así como la posibilidad de que ocurra un apagón frente a las determinaciones del Gobierno nacional de no realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, aludiendo problemas para el medio ambiente, pero sin tener un plan de transición energética establecido.

La Procuraduría General de la Nación expresó su enérgico rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa Air-E S.A.S. E.S.P., un proceso que, según se anunció, tiene fines de liquidación y administración temporal.

En una reunión convocada de manera urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la ausencia de un plan concreto y estructurado, lo que pone en riesgo tanto la continuidad del servicio, como la estabilidad del sistema energético del país. 

El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que hasta el momento no se han presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención. "Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa", subrayó. Además, destacó que, sin un método concreto, es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.