La Corte Constitucional ordenó al Gobierno tomar medidas para proteger a la comunidad raizal por los daños ocasionados por el huracán Iota en el 2020. Para estas acciones el alto tribual dio un plazo de 20 días para realizar las adecuaciones necesarias.
El alto tribual indicó que se debe garantizar un saneamiento básico funcional, revisar los problemas estructurales que tienen varias viviendas, teniendo en cuenta que algunas no tienen baños o vertimientos.
“Viviendas que presentan problemas de vertimiento al ambiente de las aguas negras domésticas y realicen las adecuaciones que sean necesarias; que permitan la disposición y eliminación higiénica y ambientalmente sostenible de estas aguas y protejan la salud pública y el derecho a un ambiente sano”, dijo la Corte.
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La decisión de la Corte surgió luego de una acción de tutela que interpuso la Josefina Huffington Archbold, en la que manifestó que el Ministerio de Vivienda y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no sostuvieran diálogo con la comunidad raizal.
El documento también señala que el Gobierno también debe garantizar la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta que al no haber una reconstrucción de los pozos sépticos, aguas negras se están filtrando, contaminando aguas limpias.
Por su parte, la UNGRD tendrá 10 días para informarle a la corte a través de fotos y vídeos, los avances de la reconstrucción de las viviendas, hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, y la infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital de la isla.
Asimismo, el alto tribual indicó que a través de la Defensoría del Pueblo la comunidad raizal ha manifestado su inconformidad por no haber sido convocada a participar en este proceso.
“Implementar las soluciones de saneamiento básico en todas las viviendas que falten por ser reconstruidas o reparadas, y deberán tener en cuenta las sugerencias y observaciones del pueblo raizal”, se indica en la decisión.