A raíz de los 25 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, se prendió de nuevo el debate en torno a cuál es la razón de que el crimen siga impune después de un cuarto de siglo y, sobre todo, si la nueva hipótesis que está sobre el tablero, es decir la autoría de las Farc, tiene algún grado de credibilidad.
De hecho, se está a la espera de lo que la cúpula del partido de los guerrilleros desmovilizados confiese tanto en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como ante la Fiscalía General.
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Como se sabe, la familia del inmolado líder conservador insiste en que la reciente y sorpresiva admisión de culpa por parte de las Farc es una “desviación” más en una investigación que ha sido llevada por 26 fiscales encargados en 25 años.
“… Salir ahora con el cuento de las Farc es completamente extemporáneo. En el momento en que asesinaron a mi padre las Farc no estaban jugando ningún papel y hacer un acto revolucionario para además callarlo 25 años, pues esa mentira no se la pueden creer ni ellos mismos. No cabe duda de que fue un ‘crimen de Estado’ y que personas que formaron parte del Gobierno, como Fernando Botero, él mismo dijo que había sido un ‘crimen de Estado’…”, sostuvo Mauricio Gómez, hijo del asesinado excandidato presidencial, en un foro la semana pasada a instancias del Directorio Nacional Conservador.
Precisó que “… esta nueva hipótesis de las Farc es otro esfuerzo para que no se conozca la verdad”.
“… No entendía por qué mataron a mi papá. Alguien me preguntó si había leído sus editoriales y me puse en esa tarea y concluí que, como dice el dicho, blanco es y frito se come. Era un presidente (Samper) contra el muro. Mi padre decía: ‘no le estoy pidiendo la renuncia, pero no se puede quedar’. Qué cosa más grave le pueden decir a uno, siendo presidente”. (ver últimos editoriales en la siguiente página /2B)
A su turno, el abogado Enrique Gómez Martínez (sobrino de Gómez Hurtado y quien representa a la parte civil en los procesos penales por este caso) también ha sido claro en que la sorpresiva admisión de culpa por parte de las Farc es otra “desviación” que busca prolongar la impunidad en este magnicidio y que no se sepa nunca la verdad.
Escenario procesal
Gómez Martínez, por el contrario, ha logrado construir un escenario probatorio que le permite concluir que el magnicidio fue un “crimen de Estado”.
De acuerdo con dicho escenario procesal es claro que al momento del crimen Gómez Hurtado lideraba en el país una oposición determinante al gobierno Samper. Para el caso, no solo trae a colación los últimos editoriales en EL NUEVO SIGLO y las conferencias del ex designado y ex presidente de la Asamblea Constituyente, sino también las entrevistas otorgadas al reconocido periodista Julio Nieto Bernal y a la revista Diners, pocos días antes del magnicidio.
Asimismo, incorpora distintas versiones de integrantes del cartel del Norte del Valle, que indicarían que el crimen habría sido perpetrado por esa facción criminal y habría un trasfondo político en conexión con el rol de opositor de Gómez Hurtado al gobierno Samper, entre las cuales están las aportadas por alias “Rasguño” y “Gordolindo”, así como de paramilitares como alias “H.H.”. A lo cual añade, además, versiones más recientes que reposan en los expedientes en la misma dirección.
Desviaciones sistemáticas
Gómez Martínez indica que las “desviaciones sistemáticas” de la investigación a lo largo de estos 25 años confirman por sí solas “el crimen de Estado”.
A lo largo de este cuarto de siglo la Fiscalía ha investigado distintas hipótesis -sostiene el abogado- pero ninguna ha podido llevar a identificar y condenar los autores materiales e intelectuales del magnicidio.
Como se recuerda, aquel 2 de noviembre, sobre las 10 y 30 de la mañana, el líder conservador salía de la Universidad en un vehículo Mercedes-Benz, acompañado por su asistente José del Cristo Huertas Hastamorir. En ese preciso momento tres hombres fuertemente armados dispararon contra el auto. Tanto Gómez Hurtado como Huertas murieron casi instantáneamente, en tanto que resultaron heridos Edgar Ignacio Rueda Jáuregüi, miembro de la Policía Nacional y escolta, así como Sandra Merchán, vendedora ambulante.
El escenario procesal construido por el abogado Gómez Martínez señala que por este caso la Fiscalía adelantó una intensa investigación y bajo el radicado 27212 llevó a juicio a 13 personas, discriminadas así:
- Héctor Paúl Flórez Martínez, Manuel Mariano Montero y Flaminis de Jesús Tovar. Hipótesis conocida como “Grupo Sincelejo”, basada en el testimonio de una persona que dijo haberlos escuchado celebrar la noche del 2 de noviembre el crimen, tras regresar a la capital de Sucre presuntamente desde Bogotá.
- Gustavo Adolfo Jaramillo Giraldo o Juan Carlos Marín Marulanda (alias ‘Tavo’), Hermes Ortíz Durán (alias ‘Pastel’) y Luis Fernando Jutinico Trujillo. Señalada banda de presuntos asaltantes de bancos. Hipótesis conocida como “Grupo Bogotá”.
- Franklin Gaona Ovalle, Carlos Alberto Gaona Ovalle, Omar de Jesús Berrio Loaiza, Henry Berrio Loaiza, René Carvajal, Miguel Ángel Díaz Méndez y Bernardo Ruiz Silva. La mayoría militares de la Brigada 20. Hipótesis conocida como “Grupo Cazadores”.
Según lo recopilado por la familia Gómez ese llamado a juicio paralelo se llevó a cabo “bajo hipótesis de responsabilidad diversas, tres de autoría material: una contra jóvenes oriundos de Sincelejo; otra de ellas contra atracadores de bancos en Bogotá; y otra contra miembros e informantes de la Brigada 20 del Ejército Nacional (Cazadores), de esta última también se llevó a juicio al coronel Bernardo Ruíz Silva como comandante de esa brigada”.
Doce de los trece imputados fueron absueltos por la justicia ya que la Fiscalía no logró comprobar que tuvieran relación con el magnicidio.
El único condenado, en calidad de autor material, fue Flórez Martínez. Sin embargo, siempre alegó inocencia e incluso el propio abogado Gómez Martínez considera que es inocente y por ello lo representó ante la propia Corte Suprema de Justicia en busca de anular el fallo, lo cual no ocurrió.
Pero no se consideran esas las únicas desviaciones. De acuerdo con Gómez Martínez, entre 2015 y 2017 la Fiscalía pretendió incriminar del homicidio al general (r) Rito Alejo del Río, con base en falsos testimonios de supuestos miembros de las autodefensas.
“Esta hipótesis tuvo entierro de tercero por parte de la misma Fiscalía que desvinculó al general de la investigación después de miles de horas perdidas de investigación”, precisó el abogado.
Por igual, según Gómez Martínez, “a lo largo de los años Ernesto Samper y el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez han tratado de justificar la muerte de Gómez en un supuesto golpe de estado que se fraguaba en contra del presidente en 1995. Las investigaciones de la Fiscalía a lo largo de muchos años nunca encontraron evidencia alguna de intentona golpista y en los informes semanales de situación del DAS al Presidente de la República de 1995 no aparece ni una sola mención a esta cortina de humo a la cual acude reiteradamente Samper para exculparse”.
Por último, para la familia Gómez otra prueba del escenario procesal del ‘crimen de Estado’ resulta de la declaratoria de este magnicidio como de lesa humanidad, en diciembre de 2017. “Las notorias evidencias de la participación de agentes del Estado en asocio con carteles del narcotráfico fundamentan esta declaratoria”, sostiene Gómez Martínez.