La crisis humanitaria y de orden social no cesa en el Catatumbo, mientras las medidas tomadas por el Gobierno a través del estado de conmoción interior apenas se están implementando. Sin embargo, los miles de familias desplazadas por los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc claman por una solución inmediata porque, según se ha visto con los decretos expedidos por la administración Petro generan incertidumbre, división y polémica en el país.

El primer bloque de medidas expedidas llegó desde el Ministerio de Agricultura, donde la protección y recuperación de las tierras productivas en la región del Catatumbo es el eje central. No obstante, en estos decretos se presentó la medida de “expropiación administrativa”, que generó reacciones contrarias por parte de diversos sectores políticos.

Según lo explicado por la ministra de esta cartera, Martha Carvajalino, esta medida “no es una confiscación, sino una enajenación forzosa y se paga a valor comercial la tierra, se indemniza al propietario y se pone a disposición de los objetivos de propiedad de utilidad pública e interés social”, argumentando además que los terrenos “expropiados” serían los que se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Agencia Nacional de Tierras y que pasarían a propiedad del Estado con el pago de acuerdo con el avalúo comercial.

No obstante, la medida no es la única que ha generado controversia en el país y que ha alertado a los sectores políticos, elevando cuestionamientos contra la administración Petro.

¿En qué consiste la contratación?

“Con el objeto de garantizar artículos alimenticios, la continuidad de la producción en zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, el acceso y utilización de sistemas de riego y recursos hídricos, en el marco de la grave perturbación del orden público en las entidades territoriales señaladas en el artículo 1.° del Decreto 0062 de 2025, durante el tiempo que dure la vigencia del estado de excepción, facúltese a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de  manera directa la adquisición de bienes y servicios, logística y todo lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector”, asegura el artículo 2 del Decreto 0107 expedido por esta cartera.

En este sentido, el Ministerio y el Gobierno dan facultades de contratación directa para la atención de la crisis, lo que permite entonces saltarse el proceso de licitación, como advirtieron algunos senadores y representantes en la discusión del decreto madre el pasado 28 de enero.

No obstante, la medida pasó desapercibida ante la alerta generada a raíz del punto de la expropiación, en el que se centró el debate principal por parte del sector político. Aun así, algunos parlamentarios aseguraron que con esta medida se abre una puerta peligrosa en la que se pueda presentar un caso similar al ocurrido con los carrotanques de La Guajira con la Unidad de Gestión del Riesgo

Así lo dijo a EL NUEVO SIGLO el representante Danilo Avendaño, quien aseguró, previo a la expedición de este decreto, que la posibilidad de “amarrar” contratos aumenta de manera exponencial con esta nueva medida. En la misma línea, la senadora Paloma Valencia aseguró en sus redes sociales que, con estas dos polémicas medidas, “este gobierno empieza a mostrar los abusos que pretende con la conmoción interior”.

A su vez, la senadora María Fernanda Cabal realizó una denuncia similar, asegurando que “su estrategia (la de Petro) es clara: generar caos en todos los frentes para justificar su avance autoritario”, dentro de lo que incluye, de acuerdo con su análisis, una crisis en el campo con la que “intenta usar la conmoción interior como atajo para una expropiación exprés”.

Entre tanto, la jefa de cartera explicó que “la contratación directa también está prevista por la Ley 80. Aquí estamos dándoles la posibilidad a las entidades públicas, una facultad acotada a la Agencia de Desarrollo Rural para poder garantizar los sistemas agroalimentarios de la región”.

De acuerdo con su sustento, es clave para esta temporada de cosecha que exista un retorno de las inversiones realizadas por los campesinos y pueda existir una “adquisición directa, no solo con la agricultura familiar y comunitaria, sino con las entidades públicas para garantizar que se inicien las cosechas, se inicien los ciclos de producción, podamos ccntrolar y que todos los sistemas agrologísticos funcionen”.

Alerta de Procuraduría

Otro actor nacional clave que cuestionó la promulgación de esta medida de contratación directa en medio de los decretos de conmoción interior fue la Procuraduría General de la Nación. El ente liderado por Gregorio Eljach también destacó los diversos peligros que podría contraer para el país el convenir contratos sin los procesos de licitación previos, más allá de que sean respaldados por la Ley 80, según destacó la ministra Carvajalino.

El comunicado emitido por la entidad señala que “se indicó a los mandatarios territoriales de la región del Catatumbo que, en materia de contratación pública, lo que no esté reglamentado en los decretos del Gobierno nacional emitidos en el marco de la conmoción interior deberá ceñirse a las reglas ya establecidas, en especial a las contenidas en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)”.

En este sentido, la Procuraduría insta a las diferentes entidades territoriales y veedores a “tener en cuenta los mecanismos y herramientas definidas por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de garantizar la trazabilidad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías”.

Asimismo, reiteraron la importancia de la optimización de los recursos para “maximizar su impacto en favor del bienestar de la población, así como aprobar las inversiones en proyectos que contribuyan a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas”.

Finalmente, el órgano de control recalca que las medidas de contratación solamente podrán ser tomadas para las actividades a realizarse en los municipios cobijados por la medida de conmoción interior, y con una duración no superior a los seis meses, atendiendo a los 90 días de conmoción declarados inicialmente por el Gobierno nacional, y los otros tres meses de prórroga que, de acuerdo con los decretos del Ministerio de Agricultura, se otorgan para la estabilización de las actividades económicas y sociales en la región del Catatumbo.

Otra advertencia de los sectores públicos es sobre los recursos destinados para esta conmoción decretada por el gobierno Petro, pero más puntualmente los que servirán para garantizar las contrataciones directas dispuestas por el Ministerio en el Decreto 0107.

En este sentido, senadores y representantes a la Cámara han asegurado que será clave en los próximos seis meses aumentar las medidas de vigilancia y control político ante las actividades que sean llevadas a cabo en la región del Catatumbo y que los recursos lleguen a los destinos inicialmente previstos tanto por la administración Petro como por las agencias nacionales, siendo prioridad la atención a las víctimas del conflicto.