De Impacto Nacional declaró el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, los hechos relacionados con las presuntas irregularidades presentadas por la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas, correspondiente a los medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud, y los que de este puedan derivarse.
La Contraloría General conformó un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema.
La declaratoria de impacto nacional en el caso de la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde, permitirá a la Contraloría obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente.
En el último año, esta Unidad ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud en cuantía de $630.933 millones, dentro de los cuales se han proferido 4 imputaciones de responsabilidad fiscal, por $274.201 millones y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por $389.619 millones.
Estas actuaciones tienen como entidad afectada a la ADRES respecto de las EPS Saludcoop, Cafesalud, Medimas, Cajas de Compensación Familiar de Sucre y Córdoba, Distrito de Cartagena de Indias y departamento de Córdoba, por hechos relacionados con el inadecuado manejo de los gastos de administración o la superación del tope de los mismos, obras inconclusas, recobros entre otros.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General recordó que la entidad tiene en el radar la información relacionada con el estado contable de las EPS para la vigencia 2022, y agregó que, actualmente, la delegada de Salud realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de 240 billones.
Mesa de concertación
La Defensoría del Pueblo instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental.
Del mismo modo, el organismo humanitario solicitó al Gobierno Nacional verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.