EN LA madrugada de este miércoles, algunos miembros del gremio de recicladores realizaron un plantón en la calle 96 con la carrera 12, al frente de la sede de la Comisión Reguladora de Agua Potable, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales.
A través de pancartas y bloqueos en la vía, los demandantes piden al Gobierno que se garantice un pago justo y seguro por su labor, así como garantías para la permanencia en su oficio y el acceso a condiciones laborales adecuadas.
De acuerdo con la líder, el precio del material reciclado es insuficiente y no alcanza para cumplir con todos los requisitos para su operación.
El colectivo considera que sus peticiones no han sido escuchadas por el Gobierno, por ende, exigen una reunión urgente con Superservicios, el Ministerio de Vivienda y la Comisión Reguladora de Agua Potable.
Defensoría aboga
Tras la situación ocurrida con los recicladores en la jornada de ayer, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Conflictividad Social y la Regional Bogotá, instan de manera urgente, la instalación de una mesa de diálogo entre entidades gubernamentales y asociaciones de recicladores de oficio en la capital del país.
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Es importante resaltar que, la Defensoría ha acompañado, en calidad de mediadora y garante de los derechos humanos, los espacios de diálogo realizados entre las entidades competentes y voceros de dichas asociaciones, donde se suscribieron acuerdos el 14 de septiembre de 2021 y de 2 de marzo de 2022, en busca de la protección del derecho al trabajo y de esta actividad legítima de la población recicladora.
No obstante, los compromisos acordados no han sido cumplidos, razón por la que los recicladores decidieron salir a las calles a protestar, acción de expresión que fue acompañada por funcionarios de la entidad protectora de derechos humanos, ya que, en la Sentencia 740 de 2015 de la Corte Constitucional se señala que los recicladores son sujetos de especial protección constitucional, por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran y por las situaciones bajo las cuales ejercen su actividad.
De acuerdo con lo anterior, la Defensoría del Pueblo considera indispensable atender las demandas que esta población ha presentado de manera reiterada ante diversas entidades, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Alcaldía Distrital de Bogotá, entre otras.
Servicio de aseo
A mediados del mes de marzo, Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uasep), compartió los detalles de la implementación de un nuevo modelo de prestación del servicio de aseo.
Según la funcionaria, el proyecto entraría en vigor a partir del año 2027 y este, tiene como objetivo principal promover una economía circular y formalizar el trabajo de los recicladores, generando así alrededor de 5000 nuevos empleos formales, un cambio que, sin lugar a dudas representa un paso significativo hacia una ciudad más limpia y comprometida con el medio ambiente.
Así las cosas, el alcalde Carlos Fernando Galán, estaría buscando dar un giro de 180 grados al actual esquema de recolección de basuras −contrato de concesión firmado en 2018 y con vigencia hasta 2026−. Al parecer, la intención del mandatario de la capital sería priorizar la reducción de residuos, la separación selectiva de materiales reciclables y disminuir la cantidad de desechos enviados a vertederos como Doña Juana.
Asimismo, entre los cambios planificados se encuentra el mejoramiento de la gestión de residuos, así como también, el fomentar una cultura de reciclaje y responsabilidad ambiental entre los ciudadanos.
Por otro lado, la iniciativa estaría relacionada con utilizar tecnología avanzada para aumentar la capacidad del relleno sanitario de Doña Juana e indirectamente prolongar su vida útil. Es importante precisar que, los costos asociados a la gestión inadecuada de residuos han sido identificados como un problema significativo para la ciudad por lo que, para abordar la problemática, el proyecto de la Uasep plantea la implementación de rutas de recolección de inservibles (llantas, latas, botellas, colchones) para evitar el arrojo clandestino y así mejorar la limpieza de las calles.