Vistos los altos índices de morosidad judicial e impunidad en Colombia urge un ajuste de fondo a la Política Criminal del Estado. De hecho, en las últimas semanas este ha sido tema recurrente de discusión.

Por un lado, hay fuerte polémica por el proyecto de reforma al Código Penal presentado por la Fiscalía, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia, ya que permitiría rebajas de condenas a agresores sexuales de menores. También está la controversia alrededor de la iniciativa de ley para coordinar la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional. Incluso se debaten las implicaciones de la recién sancionada Ley de Administración de Justicia. Todo ello, mientras sigue esperándose que el Gobierno radique el tan anunciado proyecto de reforma integral a la justicia… A esto se suman varias iniciativas que cursan en las comisiones primeras y plenarias de Senado y Cámara para modificar parcialmente los códigos Penal, de Procedimiento, de Infancia y Adolescencia, así como el penitenciario.

En medio de esa reformitis hay propuestas legislativas que tienen un eco superlativo, más aún en medio de la indignación nacional por crímenes contra menores de edad. Es el caso del proyecto, impulsado por el senador y exvicepresidente Humberto de la Calle, para fortalecer los bancos de registros de ADN en Colombia con el fin de tener una base de datos genéticos de todos los delincuentes capturados, lo que permitiría identificarlos rápidamente cuando reincidan. Esto sería clave para evitar homicidas y violadores sexuales seriales.

Colombia está en mora de contar con ese registro de datos genéticos que en otros países ya están funcionando. Esta debería ser una prioridad de las autoridades gubernamentales y judiciales, en lugar de estar planteando alivios y rebajas de condenas a delincuentes que, claramente, son rechazadas por víctimas y opinión pública.