LA DEFENSORÍA del Pueblo lanzó un llamado de alerta tras el anunció de los mineros en distintas regiones del país en romper las negociaciones con el Gobierno tras el decreto que regula la explotación minera en los páramos y zonas de reserva protegida, inicialmente la defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín le pidió a las partes en conflicto sentarse de nuevo a llegar a un acuerdo.
“En los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado en interlocución con los líderes y lideresas del sector minero en el bajo Cauca, el norte de Córdoba y el nordeste antioqueño; así como con los líderes y lideresas mineros de los páramos de Santander, Boyacá y Norte de Santander. Quienes han presentado al gobierno Nacional una serie de solicitudes y reclamos relacionados con la delimitación de los páramos, zonas de reserva, la actividad minera y su formalización”.
De igual manera, la jefa de la entidad nacional humanitaria sostuvo que “desafortunadamente, las solicitudes que han presentado no han sido resueltas de manera que estos sectores sientan que el Gobierno ha dado una respuesta adecuada. Por su parte el Gobierno nacional ha manifestado a la Defensoría del Pueblo su pleno y continuo interés de continuar dialogando con todos los actores afectados para llegar a soluciones que permitan resolver de fondo las peticiones que han presentado”.
Igualmente, Iris Marín afirmó que “en estas circunstancias, los líderes y lideresas del sector minero anunciaron un paro nacional para el próximo 21 de octubre. La Defensoría del Pueblo quiere convocar nuevamente a todos los líderes y lideresas para que se sienten cuanto antes a la mesa, el Gobierno ha manifestado toda su disposición de hacerlo de manera prioritaria. De esta forma, a través de las conversaciones, la Defensoría del Pueblo podría contribuir a una mediación que ayude a resolver las solicitudes y evitar en lo posible la necesidad de que se haga el paro. En el caso en que se decida continuar con esta movilización, la Defensoría del Pueblo seguirá llamando a que haya una mesa de conversaciones para resolver estas circunstancias, pero de no ser así se acompañarán las movilizaciones para efectos de garantizar los derechos humanos”.
Anuncio del paro nacional
Las organizaciones mineras de Santander, Boyacá, Norte de Santander, entre otras regiones; anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este 21 de octubre como un mecanismo de presión en contra del Gobierno nacional, mostrando su inconformismo en contra de las medidas administrativas del Ministerio de Ambiente, pues según los campesinos, las afugias económicas vienen en aumento tras la determinación del Gobierno de excluir sus tierras de las fronteras agrícolas y la creación de las zonas de reserva forestal.
Los puntos de concentración anunciados por los agricultores son el corregimiento de Berlín en la vía entre Cúcuta, El Picacho; y en el corredor vial a la Costa Caribe en el antiguo peaje de Rionegro. En esos lugares, las autoridades mantendrán vigilancia para evitar desmanes, así como la Defensoría del Pueblo reiteró acompañamiento en medio de las protestas que no causen violaciones a los derechos humanos.
Como se sabe, varios congresistas quienes son expertos en temas ambientales han señalado que los más afectados con las delimitaciones que está realizando el Gobierno nacional, son los mineros legales que conocen las zonas y que desde el Ministerio de Ambiente se debe combatir es a la criminalidad, así lo explicó el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal.
“El Ministerio de Ambiente expide el decreto porque le está dando alcance a una sentencia del Consejo de Estado, que obliga al ministerio a crear unas zonas de reserva temporales justamente como criterio de precaución ambiental para proteger unos territorios donde evidentemente hay unas actividades mineras que no debería estar en esos territorios que en algunos casos son ilícitas”.
Del mismo modo, el representante agregó que “por supuesto eso pone en problemas a quienes tienen títulos mineros y licencia ambiental porque la creación de esa reserva está por encima de esos títulos mineros y de esas licencias. Entonces, para los mineros formales esto puede representar un inconveniente que puede ser necesario porque el Consejo de Estado estableció que en esas zonas donde se delimitan estas reservas especiales hay ecosistemas que se deben cuidar”.