Desde el domingo 2 de febrero de 2025, miembros del movimiento indígena Nación Wayuu han iniciado un bloqueo indefinido en la línea férrea y la entrada de Puerto Bolívar, en La Guajira, en un intento por obtener respuestas a sus peticiones. Los bloqueos son parte de un pliego de demandas que incluye la inclusión de nuevas comunidades en el marco de la sentencia T-704 de la Corte Constitucional, así como la solicitud de una mejor gestión de las regalías en el departamento, entre otros temas de gran relevancia para las comunidades indígenas de la región.

Cerrejón, la multinacional minera que opera en el territorio, ha estado cumpliendo las consultas previstas en la sentencia T-704, alcanzando acuerdos con 401 comunidades, de las cuales 355 ya han sido cerradas. Los acuerdos incluyen la ejecución de más de 2.325 proyectos destinados a mejorar infraestructura, acceso al agua, generación de ingresos y fortalecimiento cultural en las comunidades, que han sido implementados de manera autónoma por los movimientos indígenas.

A pesar de los avances, Cerrejón denuncia que las demandas de Nación Wayuu aún no han sido resueltas en su totalidad, ya que el movimiento exige que se sumen más comunidades a los acuerdos, así como una revisión más profunda de la distribución de regalías en la región. La empresa ha reiterado su respeto por la normativa colombiana y ha hecho un llamado a evitar las vías de hecho, solicitando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley para abordar las inquietudes de las comunidades de manera efectiva.

El conflicto ha tomado una dimensión adicional con la creciente violencia en la región. En 2024, Cerrejón registró 333 bloqueos que detuvieron sus operaciones durante más de 134 días. En lo que va de 2025, ya se han presentado 19 bloqueos y cuatro atentados a la infraestructura ferroviaria. El más reciente ocurrió en el kilómetro 78 de Uribia, donde la línea férrea sufrió daños considerables debido a un ataque con explosivos, el cuarto en menos de dos meses.

La empresa ha expresado su preocupación por la creciente ola de violencia que afecta tanto a sus operaciones como a la seguridad de las comunidades vecinas. Además, ha solicitado a las autoridades nacionales que intensifiquen los esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de estos atentados. Las autoridades no han identificado aún a los autores, aunque se barajan diversas hipótesis, que incluyen a grupos armados ilegales y sectores inconformes con la actividad minera en la región.

La situación genera incertidumbre no solo para los trabajadores de Cerrejón, sino también para las comunidades locales, quienes temen que la violencia impacte aún más el desarrollo económico de La Guajira y afecte la estabilidad laboral en la zona. Cerrejón ha enfatizado que la interrupción de su línea férrea, esencial para el transporte de carbón y otros recursos, podría tener consecuencias graves para la economía regional y nacional.

Con el objetivo de evitar mayores escaladas de violencia, la empresa ha solicitado reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para abordar esta problemática y trabajar en soluciones que fortalezcan la seguridad en la región y garanticen el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades indígenas.