Fue en el Convenio 1292 del 2012 donde hubo falta de planeación, coordinación y carencia de interventoría por 6 meses

______________________

“En este debate buscamos que la administración nos dé una respuesta clara de cómo ha venido ejecutando los recursos públicos para atender la malla vial local de la ciudad, una infraestructura que en más de un 45% tiene un estado irregular y no está prestando un óptimo servicio a los ciudadanos” aseveró la concejal Gloria Díaz del Partido Conservador.

El debate de control político se hizo especialmente en el Convenio Interadministrativo de Cooperación número 1292 de diciembre 21 de 2012, ya que tuvo varios inconvenientes durante su ejecución en temas de planeación, maquinaria, insumos, plan de manejo de tráfico, programación, personal y diseño, entre otros.

Según se dijo, uno de los hallazgos de la Contraloría de Bogotá, fue el de las interventorías de las Universidades Distrital y Nacional dejan en evidencia la falta de información que no permite realizar las funciones de controlar y verificar el desarrollo de las intervenciones.

Cuando se realizó el análisis de los valores proyectados y los valores reales se encontraron modificaciones importantes entre lo presupuestado en el 2014 y lo ejecutado en 2015. La información de los contratos necesarios para ejecutar las obras, corresponden a 31 con proveedores, 355 de prestación de servicios y 2 interventorías.

Para la Contraloría Distrital fue necesario entonces realizar un balance entre lo invertido en los Contratos para la ejecución de las obras del convenio y los costos de los Segmentos intervenidos, encontrando que, para los 708 segmentos intervenidos por un valor reportado de $40.319.100.000, realmente se habría invertido $ 69.831.100.000, presentándose una diferencia por valor de $29.512.000.000 que no se encontraron justificados.

Las obras de este Convenio, no se culminaron con los recursos que fueron dispuestos por las Alcaldías Locales, no existe claridad frente a la totalidad de segmentos intervenidos en la actualidad, con la conclusión de que para darle cumplimiento al contrato se debieron adicionar recursos del presupuesto de la vigencia 2.016.

En el mismo debate, el concejal Roberto Hinestrosa denunció que la ampliación de la estaciones de Transmilenio de la calle 146, Toberín y Mazurén, contratadas por el IDU en la administración de Gustavo Petro, tienen graves fallas técnicas omitidas por la interventoría, que no fueron denunciadas en su momento  y que ahora son un peligro para vehículos que transitan por la calzada mixta de la autopista Norte, sentido sur–norte, hallazgos que fueron hechos por la Contraloría Distrital, donde evidenció incumplimiento de la interventoría de la obra  y posible detrimento patrimonial cercano a los $1829 millones de pesos, según denunció Hinestrosa.

En el reciente informe de auditoría del ente de control fiscal conocido por el concejal Hinestrosa, se precisan incumplimientos en el contrato y que no fueron informados por el interventor, como por ejemplo el diseño geométrico, la señalización horizontal y vertical del tercer carril de los vagones  de la calle 146 y Toberín los cuales a la fecha del contrato no han sido debidamente recibidos ni aprobados por la Secretaria Distrital de Movilidad ni el IDU.

Las calzadas mixtas donde se realizaron las ampliaciones de las estaciones, tienen un trazado que es de alto riesgo para los vehículos particulares o de servicio público que transitan por la autopista norte, incrementando la posibilidad de accidentes en esta importante arteria vial del norte de la capital, denunció Hinestrosa argumentado en el informe de auditoría.

Además según la Contraloría en algunos puntos de la calzada rápida de la vía, frente a las estaciones, están construidos con “peralte negativo” convirtiéndose en un grave peligro para los usuarios de la vía, denuncio el Concejal de Cambio Radical.

El cabildante manifestó que es lamentable que los escasos recursos que se invirtieron en años anteriores para tratar de mejorar la infraestructura del servicio de transporte masivo de la capital, hayan caído en manos que malos contratistas y que la administración del momento no haya ejercido el debido control para la correcta ejecución de los recursos de los bogotanos y pidió a los entes de control  investigar y dar  con los responsables de estas irregularidades que ascienden a los $1829 millones.