La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de nueve años y seis meses al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19.
En fallo de segunda instancia, y por los mismos hechos, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años impuesta al jefe de Gestión del Riesgo de la ciudad, Armando Cabrera Rivera, y a los secretarios de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, y de la Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez.
El Ministerio Público estableció que en la contratación de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19, se incurrió en errores en los valores de uno de los puntos del documento, situación ocasionada por las inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas.
En otro contrato, firmado para brindar alimentación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 a la población vulnerable de la ciudad durante la pandemia, se incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista y que no tenían una relación directa con el objeto de este, ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos.
Entre los bienes incluidos y que no tenían ninguna relación con lo contratado, se encontraban elementos de bioseguridad para la prevención del covid 19 como tapabocas, guantes de látex y overoles, entre otros, los cuales quedaron incluidos en las raciones alimenticias mensuales.
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Igualmente, la administración celebró una orden de servicios con una institución para restar el servicio de interventoría sin que cumpliera las calidades necesarias para garantizar la mejor oferta para el municipio, además de estar inhabilitada para desarrollar las actividades de vigilancia, al tener un nexo formal con el contratista al que debía controlar, cuyas labores consistían en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de 5.250 millones de pesos.
Además, frente a la orden de servicios para la entrega de las raciones de alimentos, que en total eran 105 mil kits, no se precisaron las unidades ni las características técnicas de todas ellas, en articular la forma en que el atún, incluido en las mismas, se suministraría a los estudiantes, pues no se aclaró si su compra se hacía en unidades o en lata.
El órgano de control señaló que el alcalde Gorky “dejó de cumplir con los deberes propios de su cargo, porque seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”.
Por esos hechos, la Procuraduría encontró a Gorky Muñoz Calderón responsable de tres cargos disciplinarios, dos de ellos calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, y el restante como falta gravísima a título de culpa grave.
En el caso de los funcionarios Armando Cabrera Rivera, Giovanny Córdoba Rodríguez y Camila Mercedes Ortega Suárez su conducta fue calificada como falta gravísima cometida con culpa gravísima.