Fiscalía, Contraloría y Procuraduría anunciaron acciones para castigar a los responsables.

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La existencia de “una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de estos contratos a cambio de porcentajes del valor mismo de contratos” fue detectada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtió este jueves el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

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Durante una cumbre empresarial organizada por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, Martínez dijo que “para hacer realidad esos propósitos, los intermediarios han tenido acceso a información privilegiada de esos proyectos en trámite de adjudicación”.

“Se ha advertido que firmas ejecutarían algunas interventorías seleccionadas por los mismos intermediarios con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual acudiendo así a prácticas en el manejo de la contratación pública en Colombia", señaló.

Estas y otras irregularidades se las informó Martínez al presidente Juan Manuel Santos en una carta en que para “prevenir que esos recursos se desvíen del propósito de reinsertar a quienes dejaron las armas” el fiscal espera “que el presidente inicie una intervención a estos procesos contractuales” y celebró que el jefe de Estado “haya tomado el entusiasmo de indagar sobre estas circunstancias”.

Por su parte, en el mismo certamen el contralor general Edgardo Maya anunció una auditoría a los recursos manejados por la JEP provenientes de organismos internacionales.

“Néstor Correa dijo que no había manejado dineros, que habían sido manejados por otra organización de la Presidencia, pero eso no exime que nosotros vayamos e intervengamos. Y si es necesario, tenemos funciones de policía judicial. Las ejerceremos para buscar las pruebas que necesitamos”, sostuvo.

Maya recordó que “la Contraloría le ha solicitado al secretario ejecutivo de la JEP y a la directora del Fondo Colombia en Paz, que maneja los fondos de las ayudas internacionales para la implementación de la paz, una serie de puntos concretos que tienen que responderlos, porque ellos son servidores públicos y han manejado unos recursos destinados para el Estado”.

Tras señalar que “es claro que estos fondos pueden ser objeto de vigilancia de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía”, el contralor Maya declaró que “ya estamos averiguando sobre el uso y destinación de estos recursos”, precisando que “tenemos la plena facultad legal para auditar los recursos del posconflicto, tanto los de ayuda internacionales como los aportados por el presupuesto nacional”.

“Estos son unos dineros que tienen como destinatario al Estado colombiano, para su inversión, y es manejado por servidores públicos. Ahí hay una responsabilidad y el tema de su vigilancia se dirimió hace 12 años, cuando en su momento se empezó a vigilar el Plan Colombia, en este caso los recursos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos”, anotó.

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A su turno, el procurador Fernando Carrillo dijo que “el único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz por mal manejo de dichos recursos. No vamos a permitir que se haga fiesta con los recursos del Estado”.

“Hoy estamos iniciando con toda contundencia la indagación de qué pasó con esos recursos de la implementación” de la JEP, “y por supuesto de toda esa contratación que se ha venido dando, en donde tenemos un gran compromiso internacional y es ser transparentes, eficientes, pero sobre todo, rendirle cuentas a la comunidad internacional y rendirle cuentas a los órganos de control en Colombia”, expresó Carrillo.

Carrillo indicó que “no hay territorios vedados ni fondos vedados para las instituciones de control en Colombia, para la Fiscalía, para la Contraloría ni para la Procuraduría”, concordando con Maya en que “lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”. 

Para el procurador Carrillo, la paz hay que financiarla e implementarla de cara al país, poniendo los recursos de manera absolutamente pública. “Aquí no caben ni bolsas confidenciales, ni secretismos alrededor del manejo de los recursos para la paz”, agregó.

Esta es la carta del fiscal Martínez al presidente Santos: