El Tribunal Superior de Bogotá deberá definir la apelación de la empresa a la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. La falta de regulación con el servicio tiene confundidos a usuarios, empresarios y Gobierno

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En un verdadero limbo jurídico se encuentra la empresa Uber, tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender su servicio y aplicarle una sanción por supuestas irregularidades en su funcionamiento.

Ante la decisión, Uber pidió a las autoridades colombianas crear una regulación que “desarrolle y fomente” el uso de servicios como el que presta.

“Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades”, detalló la compañía en una carta abierta.

La empresa apeló la sanción, y mientras tanto continúa operando. Mientras tanto ahora le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá, decidir sobre su funcionamiento.

De acuerdo con el ex superintendente de Competencia de la Superindustria, Pablo Márquez, los usuarios podrán seguir usando la plataforma y la obligación recae en la aplicación. Si Uber decide continuar con la operación, el grupo de taxis que demandó inicialmente, tendrá que iniciar otro proceso legal en contra de la aplicación. En caso de que acuda a una demanda ejecutiva, el proceso podría tardar hasta dos años en el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras se adelanta el proceso en el Tribunal Superior de Bogotá, también se espera conocer el texto completo de la decisión de la SIC, que fue proferida de manera verbal.

Campanazo

Según Márquez, “este es un campanazo duro, pues demandas similares pueden venir contra todo tipo de plataformas que, por violación de normas, puedan considerarse que hacen competencia desleal”, lo que generaría demandas contra otros servicios como Didi, Beat e Indriver, entre otros. El ex superintendente dijo que el cese de operación podría generar un daño muy importante a los conductores de la plataforma y una “distorsión en el mercado”, pues mientras llegan procesos legales a otras firmas, las plataformas con el mismo modelo de negocio no van a tener esa restricción, desbalanceando la competencia.

No hay que olvidar que este limbo jurídico entre la concepción de los ministerios de TIC y de Transporte es una herencia del anterior gobierno. Mientras que Mintransporte y las secretarías han tildado de ilegal a estas aplicaciones de transporte privado, en el gobierno pasado, la cartera TIC había dicho que prohibir el uso de Uber y otras plataformas digitales que prestan el servicio de transporte viola el principio de neutralidad de internet en Colombia.
Márquez, por su parte, sostuvo que el Mintransporte y el Congreso de la República deben empezar a trabajar en el marco regulatorio. “La economía colombiana incluye a las aplicaciones de economía colaborativa. Se deben bajar las cargas regulatorias de los agentes tradicionales para que puedan competir con los nuevos agentes del mercado, lo que traerá madurez y dará seguridad jurídica a la inversión extranjera”.

Uber es utilizado por unos 2,3 millones de usuarios en 12 ciudades del país. Y la aplicación, que tiene seis años en Colombia, ya ha aportado más de $70.000 millones en impuestos desde julio de 2018 hasta hoy.

Impacto

Según Mauricio Toro, representante a la Cámara, un bloqueo a las aplicaciones como Uber afecta el derecho al trabajo de miles de personas y “demuestra la incompetencia que ha tenido el Estado colombiano y el Gobierno en reglamentar estas plataformas”, que son una realidad innegable.

Toro, que calificó la decisión de la SIC como una medida “delicada y grave”, presentó este año un proyecto de regulación de plataformas de transporte compartido en el que, entre otras, propone la eliminación del cupo que pagan los taxis para operar en el país

Por su parte, la compañía Uber dijo en un comunicado que “desde hace seis años Uber ha mejorado las opciones de movilidad de millones de personas. Hoy es una opción tecnológica para más de 2 millones de ciudadanos en Colombia y contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores”.

La compañía también tachó el fallo de la SIC de “contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad”. Finalmente, también sumó que “violó el debido proceso y los derechos constitucionales”.

Sin embargo, al menos 200.000 colombianos obtienen ingresos a través de su labor como conductores de las plataformas tecnológicas Uber y CAP Technologies (Picap); así como de aplicaciones de ese tipo (Beat o Didi), que, a pesar de no contar con autorización de operación para la prestación del servicio de transporte en Colombia, llevan varios años ofreciendo su asistencia.

Recientemente dos superintendencias tomaron acciones judiciales en contra de dos compañías que, a primera vista, afectarían su presencia en Colombia. Sin embargo, las dos aplicaciones aseguraron que sus servicios continuarán con normalidad hasta que no se cumplan todos los trámites legales.

Para la empresa  afectada, “decisiones como estas afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar continuo de una sociedad y son en buena parte, consecuencia de la ausencia de una reglamentación expresa del servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas”.

Más espacios

Señaló la firma que “por ese motivo hoy pedimos, más que nunca, que se generen espacios con todos los actores- Gobierno, Congreso, gremio de taxistas- con el fin de generar una hoja de ruta que avance en ese propósito, en un marco de respeto y convivencia. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura. Mientras se expida una reglamentación adecuada a la movilidad colaborativa, continuaremos reforzando nuestro compromiso con Colombia como lo hemos hecho desde el inicio”.

Sostiene Uber que “respetando la ley tributaria colombiana, en el último año y medio Uber ha aportado más de $70.000 millones en IVA por prestar servicios de tecnología desde el exterior. Uber no es el problema, es parte de la solución. Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades. Hoy, lamentablemente, y por cuenta de este fallo, esa brecha es más grande. Crear una regulación específica que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología y que, sobre todo, tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de los ciudadanos es la tarea y respetar los derechos constitucionales de millones de colombianos”.