Los Planes de Ordenamiento Territorial son necesarios para que el desarrollo de todas las poblaciones del país sea armónico y esté de acuerdo con las necesidades de cada ente territorial. Planeación Nacional busca que estos instrumentos sean modernos y tengan participación ciudadana. 

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La urgencia para que los municipios del país tracen los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), quedó latente luego del debate realizado el martes en el Congreso en el que el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán sustentara con cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que el 81% de los municipios de Colombia no tiene actualizado su POT, y el 97% de los entes territoriales del país no tiene un estudio de amenazas o riesgo incluidos en su POT.

Desde hace varios meses el DNP ha venido impulsando iniciativas como el programa nacional de POT Modernos, la mejora regulatoria y el Big Data.

Estas tres herramientas acercan al ciudadano con el Estado y propician espacios para la efectiva participación en la toma de decisiones sobre política pública, lo que contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, señaló el director de la entidad, Luis Fernando Mejía Álzate.

POT Modernos

El país está viviendo un momento histórico para ajustar la planeación territorial, por lo que en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), es necesario lograr una visión de largo plazo más allá de la vigencia legal, dijo Mejía Álzate al señalar que el 81% de los planes requieren de revisión.

“Con el programa de POT Modernos se busca mejorar la calidad de las inversiones públicas de las Entidades Territoriales y le apuesta a una participación más visible durante y después del proceso de revisión del POT”, aseguró.

La norma actual dispone momentos precisos para la participación ciudadana: Consejo Territorial de Planeación y Cabildo Abierto. El programa de los POT Modernos contempla esa participación durante todo el proceso de formulación, ejecución y evaluación del POT.

Mejora regulatoria

El director del DNP explicó que la política regulatoria busca mayor bienestar económico y social por medio de herramientas que permitan una producción de normas de calidad: “la excesiva regulación tiene un impacto en la competitividad y en la capacidad del Estado para hacerla cumplir”.

El CONPES 3816 de 2014 estableció la hoja de ruta para la mejora regulatoria, que establece la implementación y reglamentación del Análisis de Impacto Normativo (AIN), herramienta que debe entrar en vigencia este año.

Así mismo, contempla la Consulta Pública para los proyectos de normatividad en Colombia, que en promedio tenía un tiempo de siete días y la participación ciudadana solo se daba en el momento de comentario en la publicación de la página web.  

Ahora, a través del decreto 270 de 2017, son mínimo quince días para la consulta de proyectos de regulación con firma del Presidente de la República, y la invitación a participar debe ser difundida por medios indicando la fecha de inicio y cierre. Además, es necesaria la inscripción por correo electrónico para notificaciones.

"El Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), permitirá racionalizar y estandarizar el proceso de consulta pública en Colombia", afirmó el director de Planeación Nacional.

Análisis de datos

La tercera iniciativa que está impulsando el DNP para hacer efectiva la participación ciudadana orientada a mejorar la política pública es Big Data, fuente de información que permite el análisis de datos por su aplicación en todos los campos del conocimiento.

"Los datos abiertos contribuyen de manera positiva al aumento de la transparencia y a la reducción de la corrupción", dijo Mejía Álzate al precisar que Big Data son opiniones ciudadanas transformadas en datos procesables y cuantificables.

Agregó que el análisis de datos debe conducir a decisiones de política pública asertivas, informadas, efectivas y eficientes.

La participación ciudadana en la 4ª revolución industrial permite acercar a ciudadanos y gobiernos, focalizar y hacer seguimiento a recursos públicos, hacer análisis de datos en tiempo real y tener una menor vulnerabilidad frente a fenómenos naturales”, argumentó el director del DNP.

Índice de riesgos

El Director de Planeación señaló que el índice mide a los municipios según el riesgo que tiene su población ante eventos relacionados con inundaciones, deslizamientos y flujos torrenciales, y las capacidades de los entes territoriales para gestionarlo.

“La base para incorporar de manera efectiva la gestión del riesgo al proceso de desarrollo debe partir del conocimiento. Por ello, ponemos a disposición de los alcaldes, gobernadores, y tomadores de decisiones del nivel nacional, una herramienta que les permite identificar las particularidades de cada territorio y orientar prioridades de política pública de forma diferenciada”, señaló Luis Fernando Mejía, director del DNP.

El Director señaló que el peso de los fenómenos hidrometeorológicos ha sido contundente, pues corresponden al 88% de los desastres registrados entre 1998-2017. Además, las cifras muestran que, en Colombia, cada año en promedio 2.800 viviendas son destruidas y 160 personas mueren a causa de los deslizamientos, las inundaciones y las avalanchas; y por ello, el índice se concentra en este tipo de fenómenos.

Con el índice se evidenció que 6,7 millones de colombianos, equivalentes al 13% de la población del país, son vulnerables socialmente y están expuestos a las condiciones más críticas de amenazas hidrometeorológicas.

Entre los principales resultados se tiene que Murindó – Antioquia, El Tarra y Cácota de Norte de Santander, son los municipios con mayor puntaje en el índice de riesgo ajustado por capacidades; es decir, tienen unas condiciones de riesgo muy altas y unas capacidades muy bajas para reducirlo y controlarlo. Dentro de las trece ciudades principales, Ibagué es la que tiene las condiciones más críticas, según el índice.

Si bien los resultados revelan que los municipios tienen capacidades de gestión altamente heterogéneas, el país está haciendo esfuerzos a partir de la modernización de su Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y la adopción de una Política Nacional y de instrumentos territoriales.

Otro ejemplo de ello, es que el gobierno entre 2010-2016 invirtió en gestión del riesgo de desastres tres veces más que en el periodo 2002- 2009, alcanzando una inversión acumulada de $24 mil millones, con una importante participación del nivel nacional y municipal.

En ese contexto, es fundamental contar con una herramienta robusta para ayudar a focalizar las inversiones y la asistencia técnica en cada territorio.