El escándalo de corrupción por el fallido contrato del Ministerio TIC con Centros Poblados para dotar con internet gratuito escuelas rurales del país, presentó ayer un nuevo desarrollo al imputar la Contraloría General responsabilidad fiscal por $67.970 millones en contra de los  miembros de la entonces unión temporal y su representante legal; en contra de los integrantes del consorcio interventor y en contra de tres funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, imputó esta responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, “como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que se materializó en el incumplimiento de la meta 6 de la fase de instalación, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación de la misma”, explicó el órgano de control.

Añadió que esta situación impidió que se alcanzaran los fines del proyecto Centros Digitales en el gobierno Duque, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.

Señaló la Contraloría General que el incumplimiento de Centros Poblados “conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo, así como, al socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos, toda vez que su omisión en la entrega de los mismos contribuyó a la causación del daño”.

Fueron imputados por responsabilidad fiscal los miembros de la unión temporal Centros Poblados: la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Omega Buildings; e Intec de la Costa.

Mientras que sobre los miembros del consorcio interventor señala la Contraloría General que son responsables fiscalmente porque “dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos”.

Igualmente, explicó el órgano de control que el interventor “pasó por alto solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos”.

En tanto que los funcionarios del Ministerio TIC imputados por responsabilidad fiscal son la exsubdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General de esta cartera y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

La Contraloría General de la República dijo que los entonces funcionarios omitieron “sus deberes que le eran exigibles conforme al manual de funciones de la entidad”.

Desvinculan 15 personas

Así mismo la Contraloría General archivó la investigación por responsabilidad fiscal que llevaba contra 15 personas, al determinar que “su actuar no comportó gestión fiscal”.

Uno de los desvinculados es el controvertido contratista Emilio Tapia, quien participó en la unión temporal Centros Poblados con sus empresas ICM Ingenieros, Omega Buildings e Intec de la Costa.

Sin embargo en la parte penal la Fiscalía imputó en mayo pasado por este caso a Tapia por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. 

La investigación de la Fiscalía muestra que Tapia se habría valido de dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas y así conformar la unión temporal - Centros Poblados. “A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”, indicó el ente acusador.

Con garantías falsas Centros Poblados logró que el Ministerio TIC le entregara el contrato para dotar de internet gratis escuelas rurales y, posteriormente un anticipo de $70 mil millones, dineros que en su mayoría no se han recuperado.

La exministra TIC, Karen Abudinen, también fue declarada libre de responsabilidad por no ser gestora fiscal en ese proyecto.

Asimismo, la Contraloría imputó "responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos”.

Por otro lado, Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al iigual que Tapia, no pagará nada por no ser gestora fiscal en ese proyecto.

Cabe recordar que en agosto, Juan José Laverde, representante de una empresa de seguros, fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Mediante preacuerdo con la Fiscalía, Laverde  aceptó de manera libre y voluntaria su participación en el entramado de corrupción que permitió el direccionamiento y apropiación de recursos del millonario contrato que pretendía llevar Internet a escuelas rurales del país.

En ese sentido, una juez penal del circuito de Bogotá lo condenó a cuatro años de prisión como responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Asimismo, estableció que deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.