LA EMPRESA Metro de Bogotá (EMB) negó cualquier vínculo con el contrato celebrado este año entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Dicho acuerdo tiene como objetivo “brindar asesoría técnica al Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, que comprende, entre otros, la evaluación multicriterio de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y mixto”.

El contrato entre la SCI y la ANI no tiene injerencia alguna sobre la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá, tampoco sobre la Línea 2 que avanza en su proceso de Licitación Pública Internacional.

Asimismo, la EMB “no conoce los informes o documentos técnicos entregados por la SCI a la ANI en virtud de la ejecución de este contrato, y que su resultado no afecta de ninguna manera a las dos líneas del metro de la capital, que son los proyectos de infraestructura vial más importantes del país que se desarrollan en la actualidad”.

Con corte al 15 de noviembre de 2023 el avance general de la primera línea, incluyendo las actividades de obra del concesionario y la gestión de la Empresa Metro para la adquisición de predios y traslado de redes, es del 27 %, conforme con lo programado.

Se supo que, en la fase de construcción, que inició el pasado 25 de julio del 2023, reporta un avance del 9,73%.

La investigación

La respuesta de Empresa Metro de Bogotá surge días después de que la Procuraduría General de la Nación anunciara una investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI, Iván Humberto Baquero Susa, al considerar que había vínculos entre él y la firma de un contrato con la SCI para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.

Por el mismo caso, el Ministerio Público indagará a los gerentes de Proyectos de la entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.

Cabe mencionar que el órgano de control “busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los RegioTram de Occidente y Norte, en Cundinamarca”.

Además, para la Procuraduría “se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar”.

“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.

De igual manera, se está indagando si los funcionarios habrían incurrido en una infracción a la Ley de Contratación, ya que “entregaron de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar”.

La entidad dirigida por la procuradora Margarita Cabello indicó que presuntamente se presentó una falta de planeación, ya que no se habría ejecutado un estudio a profundidad “que justificara el valor fijado, así como tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”.