LOS ARRENDATARIOS de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, se encuentran en “limbo jurídico” por el vencimiento del plazo contractual con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La alerta fue emitida por la Procuraduría General de la Nación, la cual destacó que los perjudicados siguen pagando cánones de arrendamiento, pero aún no se les definen las nuevas condiciones contractuales.

En torno a esta situación, el ente de control disciplinario “requirió a la ANT, para que, en un plazo perentorio e inmediato, atienda las dudas y preocupaciones ante la falta de claridad jurídica e informalidad en la manera en que se adelantan los procesos de contratación para los nuevos acuerdos de arrendamiento y sobre los procedimientos emprendidos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados”.

“Preocupa especialmente al ente de control, la situación de los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023 y que debían entregarse el 3 febrero de 2024, disposición sin resolver a pesar de que ya se estableció la norma regulatoria que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación desde febrero del año anterior”, manifestó el Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa.

Además de eso, la Procuraduría recalcó en que las advertencias y recomendaciones emitidas en su vigilancia preventiva no implican coadministración o intromisión en las decisiones estatales.

Hace tres días, la misma entidad informó que lideraría una agenda ambiental en Cartagena, con el propósito de hacer vigilancia preventiva a los avances y acciones de las autoridades, encaminadas a la protección del equilibrio ecológico del ecosistema hídrico de la ciudad y la protección del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.

Una comisión de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, realizó el pasado miércoles una visita de campo a las Islas del Rosario, para revisar los avances y cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado que ordena recuperar el equilibrio ecológico y sostenible de este archipiélago, seguimiento que continuará en una reunión en la alcaldía distrital de Cartagena el jueves 15 de febrero, para revisar las diferencias entre arrendatarios y la Agencia Nacional de Tierras, por la renovación de contratos.