Si bien el informe resalta los avances del Gobierno, hace varias críticas al proyecto de ley que fue radicado el mes pasado

La crisis derivada del aumento del número de migrantes que llegan a Colombia no ha contado con una respuesta clara, contundente y oportuna por parte del Gobierno, a quien le ha faltado desarrollar una política pública con enfoque de derechos, aseguró un informe del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Según el informe divulgado hoy, si bien existen avances en el cubrimiento de derechos fundamentales, sobre todo en el caso de los venezolanos, las medidas adoptadas han resultado insuficientes a la hora de atender de manera integral a esta población, que se encuentra en gran medida en condición de vulnerabilidad.

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El pasado 24 de julio, por ejemplo, el Gobierno radicó su proyecto de ley migratoria, con la cual pretende hacer frente al fenómeno. Sin embargo, y tras realizar un primer análisis de su contenido, los integrantes del CEM tienen varias dudas.

“Esperábamos que el Gobierno desarrollara su visión, que nos sentara unos principios y nos explicara cómo quiere reaccionar frente al fenómeno, pero la ley lo que va a hacer es reorganizar los actos administrativos que ya existen”, comenta Gracy Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho e integrante del CEM.

Y esa reorganización también resulta inquietante para Carolina Moreno, directora del Centro, quien asegura que esos “actos administrativos son completamente unilaterales, no tienen una discusión democrática detrás. El funcionario de turno proyecta, alguien le firma y eso empieza a regir. La ley termina blindando las competencias sancionatorias que tiene Migración Colombia. Son decisiones unilaterales tomadas por funcionarios públicos y avaladas por sus jefes, sin la mediación de una discusión informada”.

Para mayor preocupación de los investigadores, la ley no tiene un enfoque territorial: “En temas de servicios la problemática de la migración debe ser atendida por los alcaldes y las entidades locales”, comentó Moreno, pero en este proyecto de ley no se mencionan de manera concreta las herramientas o mecanismos que tendrían los entes territoriales. Hay que considerar, además, que no tienen la misma capacidad de reacción las grandes ciudades, como Bogotá, que los demás municipios y regiones.

Adicionalmente, la ley asegura que no tendrá impacto fiscal, es decir que, con su aprobación, no serán comprometidos recursos públicos para la atención de la crisis, pero no tiene en cuenta que la atención médica, social y de protección a la comunidad migrante necesariamente conllevará un costo económico.

En conclusión, para los integrantes del CEM, la ley de migración presentada por el Gobierno tiene unos avances importantes, reconoce en los antecedentes y principios que este es un tema prioritario, la situación de vulnerabilidad de la población migrante y retornada, y que es necesario mejorar la coordinación entre entidades territoriales y nacionales.

Sin embargo, el cuerpo del proyecto queda corto y parece “aislado” del contexto y de las necesidades reconocidas de antemano. “El texto no plantea derechos, acceso a servicios, decisiones concretas ni instrumentos de ejecución real y efectiva, aunque abre la puerta a la sociedad civil y a la academia a debatir sobre el tema”, concluye Moreno.