En su propósito de buscar una paz total la entrante administración de Gustavo Petro estudia varias estrategias jurídicas para, por un lado, una negociación política con el Eln y, por el otro, un acuerdo de tipo judicial con los otros grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’.

También se analizan salidas para que recuperen la libertad las personas detenidas en las protestas del año pasado, que harían parte de la llamada ‘primera línea’.

Ayer en el marco de una reunión con las oenegés Defendamos la Paz Colombia y el Instituto para la Paz de Estados Unidos, el canciller designado Álvaro Leyva explicó la fórmula que estudian para que los Grupos Armados Organizados (GAO), como el ‘Clan del Golfo’, se sometan a la justicia a cambio de algunos beneficios penales.

Leyva dijo que en la práctica no sería un sometimiento de los GAO a la justicia sino un “acogimiento”, retomando una figura que contempla el Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc.

“A propósito de la paz total, el ‘Clan del Golfo’ ¿estamos en sometimiento o en acogimiento? Una sutileza, en los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento, es que puede haber beneficios porque el sometimiento es al Código Penal, pero si hay delación, hay rutas (del narcotráfico), implica que hay posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar”, explicó el canciller designado. 

Por su parte el comisionado para la Paz designado, Danilo Rueda, dijo que “nuestra narrativa no es de odio, nuestra narrativa es de diálogo transparente, de escuchar todas y todos para desarrollar una iniciativa que posibilite la mayoría de desarmes de personas que están en grupos armados”. 

Aclaró Rueda que “ningún proceso de diálogo respetuoso va a significar la ausencia de justicia, no solo es por la obligación de un estatuto de Roma firmado por un gobierno en nombre del Estado, sino porque es impresentable ante los propios colombianos”.

En tanto que el martes pasado, Alfonso Prada, quien fue jefe de debate de Gustavo Petro en la campaña y todo apunta a que sería el ministro del Interior, anunció que la próxima semana el nuevo gobierno presentará un proyecto para complementar el sometimiento previsto en la Ley. 

“Ahí no hay ninguna posibilidad de un diálogo político, ahí lo que debemos hacer es someterlos a la justicia. La ley está creada pero estamos trabajando para la semana entrante presentar un proyecto que nos permita complementar lo que es el sometimiento, para algunos es el acogimiento a una nueva legislación que nos permita el desmonte de las bandas criminales”, explicó Prada.

Se cree que dicho proyecto buscaría reformar la Ley 418 de 1997, la cual establece disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización. Esta norma ha sido prorrogada por todos los anteriores gobiernos.

El pasado 21 de julio el ‘Clan del Golfo’ y otros GAO dirigieron una carta al gobierno entrante, en la que manifiestan disposición de dialogar y buscar la reconciliación, a coordinar un cese el fuego a partir del 7 de agosto próximo, a desarmarse en el momento indicado, a pedir perdón, a aportar a la verdad total e integral, a reparar y no repetir los actos criminales, a cumplir con los fines de la justicia restaurativa y a unirse con las instituciones para proteger el medio ambiente contra prácticas ilegales.

Agregan en la misiva los grupos delincuenciales que “en lo posible nadie debería llegar a la cárcel”.

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Eln

El gobierno Petro tiene la intención de adelantar una negociación política con el Eln semejante a la que realizó la administración Santos con las Farc, que condujo al Acuerdo de Paz por el cual los desmovilizados obtuvieron beneficios como participación en política con 10 curules fijas durante dos congresos, sanciones y no penas de cárcel en el marco de la justicia transicional y apoyo económico para proyectos productivos.

De igual forma producto del Acuerdo, los desmovilizados se comprometieron a entregar verdad y reparar a las víctimas. 

Leyva explicó que “la diferencia entre la paz con las Farc y la que se va a reanudar con el Eln, porque con los ‘elenos’ nosotros no vamos a iniciar un diálogo de paz, vamos a continuar el que se había iniciado; es que en La Habana nada estaba acordado hasta que todo estaba acordado, con los señores ‘elenos’ en la medida que se vaya acordando se va aplicando”.

Incluso el electo presidente Petro anunció que los diálogos con el Eln se reanudarán en La Habana, si Cuba acepta seguir prestando este servicio a la paz de Colombia.

‘Primera línea’

Petro y su sector político han manifestado su preocupación por las personas detenidas en las violentas protestas que se produjeron en abril y mayo del año anterior, en la que miles de ciudadanos exigieron al Gobierno reivindicaciones sociales.

La Fiscalía responsabiliza a más de 150 personas que permanecen privadas de la libertad y contra quienes se adelantan procesos por distintos delitos como ataque a servidor público, destrucción de bienes públicos y privados así como bloqueo de vías.

En este sentido el Pacto Histórico en el Congreso propuso la creación de una comisión accidental para las garantías y los derechos humanos de las personas capturadas en el marco de la protesta social.

El representante Alirio Uribe, uno de los promotores de esta iniciativa, dijo que la intención es “como congresistas, con las organizaciones y los abogados, reunirnos con la Fiscalía y acompañar los casos donde nosotros consideramos que hay montajes judiciales”.

Por otro lado, se busca que estas personas recuperen la libertad.

“Vamos a mirar si desde el punto de vista legislativo, en la ley para el sometimiento de los GAO y demás, podemos buscar fórmulas jurídicas para darle salida a las personas que están capturadas, que están en la cárcel o que están en detención domiciliaria”, explicó el Parlamentario.