El decreto que contenía la guía para avanzar el proceso de sometimiento de las organizaciones criminales, no será presentado por el Gobierno.

Esta iniciativa surgió como alternativa mientras cursaba en el Congreso un proyecto de ley del Ejecutivo en ese sentido y que tampoco alcanzó a ser debatido mediante el fast track.

El Ministerio de Justicia tenía listo el documento para que el Presidente de la República lo firmara, pero el asunto se estudió con detenimiento y regresó al cajón de donde salió. Lo guardaron antes de conocer si los objetivos que se trazaron con el mismo se hubiesen alcanzado.

En ese decreto se definía una agenda, un equipo de analistas y asesores que escribirían las primeras páginas de una propuesta que más adelante se convertiría en la antesala del gran proyecto que el año pasado terminó archivado en el Congreso.

El Gobierno tomó la determinación de desistir del decreto y confiar en la aprobación del proyecto que elaboraron los asesores del Ministerio de Justicia y que se nutrió de algunas modificaciones para presentarlo en la próxima legislatura, es decir dejárselo al próximo Presidente.

Desde que surgió la idea del decreto se presentó una controversia no solo en el ambiente político sino de la justicia.

Sin ambiente

En su oportunidad, Francisco Bernate, abogado penalista y catedrático, dijo en Caracol Radio que modificar el código penal vía decreto sería un precedente gravísimo que significaría un retroceso enorme para el Estado colombiano pues este tipo de medidas deben ser tramitadas por el congreso.

“Durante más de 100 años nos acostumbramos a que el ejecutivo legislara en Colombia por medio de decretos, ahora es el Congreso el que establece esas leyes, sacar eso vía decreto sería solo viable si hay un Estado de conmoción interior, que no se ve necesario, el Gobierno debe permitir el debate para que los congresistas puedan modificar las leyes pero además es peligroso que se quiera modificar el código penal desde palacio, eso sería peligrosísimo”, añadió.

En ese mismo sentido, Samuel Augusto Escobar, también experto penalista y catedrático manifestó que “el Gobierno no puede hacer procesos de paz o leyes especiales para cada banda criminal que aparece en el país, recordando que estas organizaciones delincuenciales son residuos de paramilitares y guerrilleros que ya se sometieron a justicias diferenciales”.

“Es un precedente grave hacerlo vía decreto, es inconstitucional pero adicionalmente es una iniciativa que desde la óptica criminal no es adecuada, estas bandas son herederas de otros procesos de paz y ya han tenido como someterse a la justicia…Hay que buscar su desarticulación, existen herramientas en la ley ordinaria y el proyecto del congreso trae otras pero no tendría ninguna presentación dar beneficios económicos para estas bandas criminales”, agregó.

Coincidieron que incluso un decreto de esa naturaleza iría en contravía de lo pactado en Cuba, donde uno de los acuerdos contempla una lucha frontal para el desmantelamiento de estas estructuras derivadas del paramilitarismo.

Efectivamente al desechar la presentación del decreto, inicialmente el Gobierno había dicho que el proyecto de ley se volvería a presentar en marzo.

Entre los puntos que contenía la iniciativa, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, confirmó que “se contemplaba precisamente una posibilidad de rebaja de la pena, como una excepción al código de procedimiento, en el entendimiento de que las personas confesarán, entregarán sus bienes y manifestarán su ánimo de someterse o de sujetarse a la ley”. Gil manifestó de las conductas delictivas que recibirían este beneficio está el narcotráfico.

“Las organizaciones criminales están dentro de toda esa tipología de delitos, no solamente narcotráfico, sino Igualmente otro tipo de delitos que son propios de las organizaciones criminales”, precisó.

“Ahí, indudablemente, estarían narcotráfico y otros delitos, pero lo que se quiere es mirar desde el punto de vista de una política criminal y un restablecimiento del imperio de la ley y de la tranquilidad ciudadana de que bandas y grupos criminales organizados, que tienen control territorial, sean puestas en cintura, y en ese entendimiento las personas o grupos criminales que se sometan van a tener un beneficio”, concluyó.

Asimismo se estudiaba darle un trato preferencial para aquellas personas que hacen parte del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como son los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola. La iniciativa prácticamente exoneraba de la cárcel a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, pues se propone reducir la pena que actualmente es de entre 6 y 12 años de cárcel, a entre 1 y 4 años, lo que convierte este delito en excarcelable.