Gobierno tendría 4 años para saneamiento predial en el país | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 13 de Febrero de 2019
Redacción Nacional

Lograr la dinamización del mercado inmobiliario en sectores de asentamientos ilegales en predios fiscales, mediante el saneamiento predial y la titulación de predios fiscales a particulares, es el objetivo del proyecto de ley promovido por la senadora Laura Ester Fortich, del Partido Liberal.

La propuesta fue radicada el pasado 13 de diciembre en el Congreso y se espera que en las sesiones ordinarias de este segundo periodo legislativo inicie su debate.

La iniciativa establece que para el saneamiento predial, las entidades territoriales deberán llevar a cabo dos pasos para la identificación y transformación jurídica de los bienes baldíos urbanos (aquellos de propiedad de los municipios) a bienes fiscales (propiedad del Estado o de las entidades territoriales), fiscales titulables (propiedad de las entidades estatales que han sido ocupados ilegalmente) o de uso público (calles, plazas, parques, puentes y similares).

El primer paso sería identificar el bien baldío que se pretende convertir en un bien fiscal, titulable o de uso público, realizando el correspondiente estudio de títulos, en donde se confirme que la titularidad de pleno domino de los bienes recae en la entidad territorial, además que estén libres de gravámenes, limitaciones de dominio o afectaciones, junto con la identificación física, área y linderos.

En segundo lugar, se deberá adelantar el procedimiento de registro de propiedad de dichos bienes de conformidad con las normas registradas sobre la materia.

La propuesta señala que las entidades territoriales podrán ceder al título gratuito o vender el derecho de propiedad sobre los bienes fiscales titulables, realizando el debido proceso de autorización, certificación, prueba, cruce y publicidad.

Posteriormente, dicta que el acto administrativo que se expida por la entidad territorial, deberá incluir las consideraciones y fundamentos jurídicos de la transferencia del bien fiscal titulable, así como el nombre e identificación de los ocupantes, la dirección e identificación catastral del bien y la descripción del área, mediante plano predial catastral, entre otros.

Por consiguiente, expedido el acto administrativo de cesión a título gratuito del bien fiscal titulable se procederá al registro del mismo en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, el cual, una vez inscrito, será plena prueba de propiedad en favor del ocupante beneficiario del programa de titulación.

El proyecto establece que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será el encargado del desarrollo de los programas de saneamiento predial y de la titulación de bienes fiscales titulables de las entidades territoriales en el país, el cual deberá ejecutarse dentro de los cuatro años siguientes, en caso de que la iniciativa se convierta en ley.

Asimismo, deberá establecer metas anuales iguales por los años señalados para el desarrollo del programa y cumplir con la verificación, auditoría, interventoría y apoyo con las entidades.

De acuerdo con el proyecto, la situación actual de saneamiento predial y la titulación o cesión de bienes fiscales ocupados ilegalmente, “ha sido el de fomentar la promoción de la vivienda de interés social de forma indirecta, en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el Artículo 51 de la Constitución Política”. 

Frente a ello, resalta que el desarrollo normativo en esta materia ha ido evolucionando solamente hacia la promoción de esta clase de vivienda y a su protección como patrimonio familiar, a través de medidas cautelares de inembargabilidad y limitación al derecho de disposición de la propiedad.

Teniendo en cuenta esa limitación a vivienda de interés social como único bien que puede estar construido en un predio fiscal titulable, el proyecto establece que una solución sería la transferencia del dominio de todos los predios fiscales ocupados ilegalmente que tengan construcciones, independientemente de su destino o su valor, bien sea mediante la cesión gratuita del predio fiscal o venta por parte de la entidad territorial, de tal manera que el derecho constitucional a la igualdad sea aplicado sin distinción alguna.