La Procuraduría General de la Nación pidió a los ministerios de Educación y de Hacienda, y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregar en un mes una propuesta de revisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que incluya financiación, modelo y las competencias que tendrían las autoridades.

El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, en reunión con la ministra de Educación, Giha Tovar; la viceministra de Hacienda, Paula Acosta; los directores del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía y de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque Botero, llamó la atención sobre las debilidades que presenta el PAE y la necesidad de diseñar e implementar un esquema contractual que asegure la prevalencia de la selección objetiva, participación de pluralidad de oferentes, reducción de riesgos y restricción de casos excepcionales de contratación directa. 

“Se necesita un concurso inmediato de todas las entidades del Estado para evitar que las prácticas corruptas, que han sido sistemáticas, se mantengan en el tiempo. Es que se debería poder vigilar en tiempo real la evolución de toda la contratación”, dijo el Procurador. 

El Procurador pidió a Mineducación proponer los ajustes normativos para la articulación de las diferentes fuentes de financiación del programa y tomar las medidas necesarias para que en tres meses esté actualizado el Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT).

Aseguró que es urgente involucrar a los padres de familia como aliados en la supervisión y vigilancia a la correcta ejecución del PAE. 

La Procuraduría propuso definir líneas claras de acción a corto, mediano y largo plazo y establecer una metodología de trabajo que le permita al Gobierno Nacional adelantar la reestructuración del modelo para blindar los recursos del programa, con el acompañamiento de la Entidad en ejercicio de su función preventiva.  

 “Independientemente de los meses que le quedan a este Gobierno, hay que pensar alto y lejos y llevar la política de alimentación al nivel de una política de Estado”, indicó Carrillo.

Además, se analizaron las preocupaciones manifestadas por el órgano de control, entre ellas, el desfinanciamiento del programa, las dificultades de dispersión y entrega de recursos, las debilidades en la focalización, las irregularidades en contratación, entre otras.