Luego de días de discusiones y desencuentros, finalmente ayer el presidente de República, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron que llegaron a un acuerdo para retomar las mesas técnicas en las que se debate el futuro del Metro de Bogotá.

“Llegamos a lo que él ha llamado el Acuerdo de la Orinoquía y consiste en que cesemos la controversia pública alrededor del tema del Metro de Bogotá y se retomen las mesas técnicas jurídicas que analizan el tema con todo rigor”, indicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El anuncio fue realizado durante la cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales en San José del Guaviare, y llega después de una semana de choques entre la Administración distrital y el Gobierno nacional.

El punto álgido de la discusión fue cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que de no ejecutarse la Línea 1 del Metro de manera subterránea, otros proyectos de movilidad e infraestructura en la capital podrían quedarse sin financiación.

“Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, en la medida que el Gobierno financia el 70% de otros proyectos, pues esos también se van a tener que parar”, sostuvo en ese momento el ministro Reyes.

Estas palabras no solo desataron una polémica entre los habitantes de la capital, sino una tensión entre la alcaldesa de la capital y el presidente. Por su parte, López insiste en que fue el Gobierno el que se saltó a la Alcaldía de Bogotá y fue consultando estos cambios con el consorcio chino.

Comisiones

Se espera que en los próximos días se retomen las comisiones técnicas y jurídicas para llegar a un consenso sobre el futuro de la primera línea del Metro de Bogotá. En ese sentido, la alcaldesa Claudia López pidió al Gobierno nacional aceptar los conceptos técnicos de los expertos en torno al proyecto.

Asimismo, esta decisión de los dos mandatarios llega tras el cuestionamiento que hizo la Procuraduría General, que determinó que hacer una parte subterránea del proyecto traería sobrecostos.

En una carta a la Presidencia y a la Alcaldía, el Ministerio Público pide que haya diligencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.

Los pronunciamientos se dan justo después de que el ente de control solicitara los documentos para sustentar esas modificaciones que alega el presidente Petro para el Metro. En ese sentido, la procuradora Margarita Cabello pidió que se dieran a conocer los análisis que habrían realizado como base de los cambios propuestos para las obras de construcción.

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Criterios

Sin embargo, en una carta al gerente del proyecto, José Leónidas Narváez, la Procuraduría señala que “no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad” y que tampoco se ha explicado, de manera amplia, “que las modificaciones propuestas no crearán alteraciones al objetivo original del proyecto”.

En su comunicación, la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia de la Función Pública indica que las modificaciones que se le hagan al contrato de concesión N.° 163 de 2019 para la construcción de la primera línea del Metro deben estar justificadas en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, así como en el análisis de los riesgos asociados y la forma de mitigarlos.

“No es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del documento de precalificación y licitación que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes”, señala Procuraduría.

También llama la atención a tener en cuenta la fluctuación del precio del dólar, las demoras en la ejecución del proyecto y el posible detrimento patrimonial por los dineros invertidos hasta el momento en estudios y diseños, adquisición de predios y traslado de redes, entre otros.