Si se cumplen los pactos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros en el marco de la política de ‘paz total’, en estos momentos no menos de 8.500 hombres-arma de estas facciones subversivas deben estar en tregua con el Estado.

A partir de esta madrugada empezó a regir el decreto 1640 que establece el “cese de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía” contra la facción del “Estado Mayor Central” (EMC), que agrupa a las disidencias de las Farc, es decir a las facciones de esa guerrilla que no se acogieron al proceso de paz y desmovilización de 2016 y continuaron delinquiendo.

Este “cese de operaciones ofensivas”, que es correspondido por el grupo subversivo en iguales términos, fue pactado en la reunión de la mesa de negociación el pasado domingo en Tibú (Norte de Santander) y se hace como antesala al “cese al fuego bilateral y nacional”, que empezará a aplicarse desde el próximo lunes y hasta enero de 2024, con todos los mecanismos de monitoreo y verificación respectivos. Por igual, las partes se comprometen al respecto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Es decir, que la guerrilla no puede atentar contra la población civil, realizar actos de terrorismo ni afectación a la infraestructura y movilización ciudadana.

Esto significa que es el segundo grupo guerrillero que se compromete a no atacar a la Fuerza Pública ni la población en el marco de la política de “paz total” del Gobierno.

Como se sabe, desde el pasado 3 de agosto comenzó a regir, según el decreto 1117 del 5 de julio, el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Eln, que irá inicialmente hasta el 29 de enero de 2024 y podrá ser prorrogado con base en la valoración que se realice en la Mesa de Diálogos de Paz de los informes que presente el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y conforme a lo acordado por las partes.

En ambos decretos, se afirma de manera textual que “la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”.

En otras palabras, que las operaciones contra otras facciones de delincuencia común y organizada se podrán, en teoría, seguir desarrollando en esas zonas, aunque en el terreno sin duda es un asunto muy complejo, ya que Eln y disidencias operan en zonas en donde también hay presencia de otras facciones criminales.

No hay que olvidar, además, que las disidencias y el Eln han mantenido fuertes combates en zonas de Arauca, Norte de Santander, Cauca, Putumayo y Nariño, en donde pelean por el dominio de corredores del narcotráfico, la minería criminal, tráfico de armas, extorsión y secuestros, principalmente.

Si bien el Gobierno también adelanta diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’ (otro grupo residual de las Farc) y con el ‘Clan del Golfo’, los ‘Pachenca’ y otras bandas criminales de alto espectro, incluyendo facciones en Medellín y Buenaventura (en donde hay pactos de no agresión y desescalamiento de la violencia), los únicos cese el fuego formales son los que rigen con el Eln y el que comenzará el lunes con el ‘EMC’.

Esto significa, entonces, que en estos momentos, acorde con las cifras oficiales que tienen el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, hay 8.500 guerrilleros (hombres-arma) en tregua con el Estado.

¿Dónde opera el ‘EMC’?

Los servicios de inteligencia revelan que el ‘EMC’, cuyo cabecilla es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, quien reemplazó a “Gentil Duarte”, asesinado por el Eln en Venezuela, cuenta con alrededor de 3.000 hombres-arma que delinquen en 17 departamentos y en unos 103 municipios.

Los informes militares señalan que el grueso de este grupo ilegal se concentra en los departamentos del Caquetá y Guaviare.

También hay presencia en Vaupés, Meta y Putumayo, Cauca, occidente del Valle del Cauca y Sur del Tolima, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Boyacá, Vichada y Guainía.

La estructura que más integrantes tienen es la llamada ‘Jorge Briceño Suárez’, que cuanta con más de 621 hombres y mujeres,

Igualmente cuenta con un frente en el Estado Apure, en Venezuela.

Se financian especialmente con recursos del narcotráfico, minería criminal, ‘vacunas’, secuestros, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto. Según la Fiscalía, son los mayores causantes de homicidios de líderes sociales, desplazamiento forzado de población y reclutamiento ilegal de menores. También son señalados de perpetrar múltiples masacres y presionar paros regionales y locales.

¿Dónde opera el Eln?

Según los informes de inteligencia militar y la política de seguridad y orden púbico, se calcula que el Eln tiene unos 5.500 hombres y mujeres (entre combatientes y personal logístico).

En Colombia, el Eln delinque actualmente en 22 de los 32 departamentos, principalmente en Arauca, Casanare, Boyacá, el (ABC); Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar y en el Cesar. También tiene frentes en Risaralda, Caldas, Tolima, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Sucre, La Guajira, Vichada y Guainía, además de Cundinamarca y Bogotá.

En total se calcula que el grupo armado ilegal hace presencia en 212 municipios.

Ese pie de fuerza podría ser mayor debido al desdoblamiento de frentes en Venezuela, en donde operan no solo en las regiones de frontera sino en estados más hacia el centro del país, incluso con la complicidad de la fuerza pública del régimen de Nicolás Maduro.

Los servicios de inteligencia revelan que el Eln hace presencia activa en los Estados del Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar

El grupo insurgente cuenta con ocho frentes de guerra en todo el país y se financia con rentas ilícitas del narcotráfico, minería criminal, extorsión, secuestros e infiltración de contratos oficiales en departamentos y municipios, entre otros delitos. También es señalado de desplazamiento y confinamiento forzado de población, reclutamiento de menores, asesinatos de líderes sociales, desmovilizados y campesinos. Es la facción que más ataca a la Fuerza Pública y atenta contra infraestructura petrolera y vial.