Luego de analizar la veracidad de los hechos relatados por comparecientes y víctimas sobre los asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, solicitó a la JEP incluir el patrón de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el macrocaso 03.
“Los malos tratos físicos y mentales sufridos por las víctimas de la vereda Alto Bonito en Dabeiba, fueron confirmados por residentes del lugar, solicitamos se estudie la viabilidad de incluir el patrón de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el marco del presente macrocaso”, asegura la Procuraduría en su escrito de observaciones.
La Procuraduría también insistió en la necesidad de adelantar todas las labores tendientes a esclarecer la conducta de violencia sexual de la que, al parecer, fue víctima una menor de edad durante la época de los hechos.
Además, pidió que la magistratura realice los mejores esfuerzos para lograr la ubicación de los familiares de las víctimas identificadas que aún no se han hecho parte en el proceso y propender por la continuidad en la búsqueda, identificación y entrega digna, ya que esta acción se puede considerar como un proyecto de sanción propia.
Finalmente, el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, hizo requerimientos de fondo para que se revise a cabalidad el sentido y alcance de los proyectos de sanción propia presentados por los comparecientes.
El caso:
El Tribunal para la Paz de la JEP asumió competencia para juzgar el caso de asesinatos y desapariciones forzadas encontrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, entre 2002 y 2007. Ocho miembros retirados del Ejército Nacional enfrentan cargos por estos crímenes.
La investigación de la JEP encontró 29 fosas con características de enterramientos irregulares en el cementerio, donde se recuperaron 75 cuerpos. También se hallaron bolsas con emblemas de la Policía y un distintivo del Batallón 26 'Arhuacos'.
Según señaló el sargento Fidel Ochoa durante una audiencia pública ante la JEP, batallones que no cometían falsos positivos eran castigados y pasaban hasta diez meses en campo, sin poder ir a sus casas a encontrarse con sus familiares.
El compareciente explicó que los falsos positivos tienen relación con los vínculos de los grupos paramilitares con el Ejército. “Los que iniciamos esta práctica en los 90s, la iniciamos asesinando a personas que presuntamente tenían vínculo con la guerrilla, por información aportada por los paramilitares. Y los comandantes nos decían que necesitábamos números de bajas”, declaró.